El Gobierno de México pidió a Estados Unidos presentar pruebas sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro que vinculan ganancias del huachicol fiscal con el financiamiento de campañas políticas y medios en México. La acusación aparece dentro de una acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros, por sus siglas en inglés (FinCEN) contra una red de contrabando de combustible presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalada de evadir impuestos mexicanos mediante documentos aduaneros falsos y empresas fachada.
El Departamento del Tesoro sancionó a dos mexicanos, Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, así como a nueve empresas relacionadas con un esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México. La dependencia estadounidense sostiene que la red generaba decenas de millones de dólares anuales para el CJNG y que el huachicol fiscal se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más relevantes para organizaciones criminales mexicanas fuera del narcotráfico. En su comunicado, el Departamento de Tesoro señaló que parte de las ganancias ilícitas se usarían para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios en México, con el objetivo de favorecer a funcionarios corruptos y facilitar operaciones de contrabando y lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que Estados Unidos incluyera ese señalamiento sin entregar evidencias al Gobierno mexicano. Durante su conferencia matutina, afirmó que México no fue informado previamente sobre la supuesta relación entre huachicol fiscal y campañas políticas, pese a que una parte del caso se trabajaba con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La mandataria pidió al Departamento del Tesoro presentar pruebas y señaló que las personas y empresas mencionadas ya estaban bajo investigación en México por parte de la UIF y otras autoridades.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, también pidió que cualquier señalamiento sea entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pueda investigarse formalmente. El legislador afirmó que, si existen pruebas, la Fiscalía debe perseguir de oficio los posibles delitos, pero sostuvo que no se deben asumir como ciertos los señalamientos mientras no se presenten elementos probatorios ante las autoridades mexicanas.
El caso ocurre en medio de una mayor vigilancia binacional sobre el contrabando de hidrocarburos, luego de que FinCEN reportara más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa relacionada con huachicol y redes criminales mexicanas durante un año. Aunque Estados Unidos afirma que estas estructuras generan recursos para el CJNG y otras organizaciones, el Gobierno mexicano sostiene que ha reducido el delito mediante controles en aduanas, medidas del SAT, investigaciones de la UIF, congelamiento de cuentas y acciones de la FGR. La controversia queda ahora en el terreno de la cooperación judicial: si Washington entrega evidencia formal, México deberá determinar si existen delitos vinculados al financiamiento político.
