La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que fueron vinculadas a proceso las ocho personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Rodríguez, ocurrido el 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital. La resolución fue obtenida por la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, luego de que el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de los imputados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 365/2026.

Las personas vinculadas a proceso son Javier Iván «N», alias «Delta 1»; José del Carmen «N», alias «Delta 7»; Luis Arturo «N», alias «Delta 11» o «El Pelón»; Karen Monserrat «N», alias «La Hiena»; Julio César «N»; Luis Enrique «N»; Juan Carlos «N» e Ismael «N». Todos son investigados como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la comunicadora, identificada por la Fiscalía con las iniciales R.B.G.R., en cumplimiento de los protocolos de protección de datos personales.

De acuerdo con la FGE, la captura de los ocho imputados fue resultado de investigaciones ministeriales, trabajo de gabinete y acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad, mediante el cumplimiento de órdenes de aprehensión autorizadas por un juez. Durante la audiencia de continuación, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para que los acusados enfrenten el proceso penal, por lo que también ratificó la prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

La periodista fue privada de la vida el 2 de junio de 2026 en la colonia Primero de Mayo, en Nanchital. Su desaparición y posterior localización sin vida provocaron la condena de organizaciones de periodistas y defensoras de derechos humanos, que exigieron una investigación con perspectiva de libertad de expresión y el esclarecimiento de los hechos.

Con la vinculación a proceso, la investigación entra en una nueva etapa judicial en la que el Ministerio Público continuará integrando pruebas para sustentar la acusación. La resolución no constituye una sentencia condenatoria, por lo que las ocho personas imputadas conservan la presunción de inocencia mientras el proceso penal sigue su curso conforme a la legislación vigente.