Un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a colocarla en el centro de la controversia luego de que se difundiera una conversación en la que habla de la posibilidad de enfrentar cargos y una eventual orden de extradición en Estados Unidos, además de manifestar su disposición para colaborar con autoridades estadounidenses. En la grabación, difundida por el periodista Héctor de Mauleón, la mandataria afirma: «Están diciendo que me van a levantar cargos y con orden de extradición por algo», para después agregar: «Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes…».

La conversación forma parte de una serie de audios publicados durante las últimas semanas, en los que presuntamente participa la gobernadora con personas que se presentan como intermediarios o asesores vinculados a autoridades estadounidenses. De acuerdo con la columna de De Mauleón, en esta nueva grabación se le plantea a Marina del Pilar que agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) habrían considerado que «han perdido el tiempo» con ella, aunque aún existiría la posibilidad de establecer un nuevo acercamiento.

La polémica ocurre semanas después de que la mandataria reconociera que los audios difundidos corresponden a una conversación privada. Sin embargo, sostuvo que las personas con las que habló nunca acreditaron formalmente representar al gobierno de Estados Unidos y aseguró que actuó de buena fe al creer que se trataba de interlocutores legítimos. Asimismo, rechazó haber buscado acuerdos «en lo oscurito» y afirmó que la coordinación entre Baja California y autoridades estadounidenses en materia de seguridad se realiza de manera institucional y dentro del marco legal.

Tras la difusión de los nuevos fragmentos, Marina del Pilar reiteró que fue víctima de un engaño y atribuyó la filtración de las grabaciones a una reunión organizada por el exgobernador Jaime Bonilla, quien presuntamente la puso en contacto con personas que se hicieron pasar por funcionarios estadounidenses. Bonilla ha rechazado esas acusaciones y negó cualquier participación en la obtención o difusión de los audios.

Las declaraciones contenidas en el nuevo audio han intensificado el debate político debido a que la gobernadora no solo menciona la posibilidad de enfrentar cargos y una eventual orden de extradición, sino que además afirma estar dispuesta a «hablar de todo lo que yo pueda saber» y a compartir información conocida durante las mesas de seguridad, espacios donde autoridades de los tres órdenes de gobierno coordinan estrategias en materia de seguridad pública. Hasta el momento no existe evidencia pública de que esa información haya sido entregada a autoridades estadounidenses ni de que exista una investigación formal en su contra; sin embargo, el contenido de la grabación ha reavivado los cuestionamientos sobre el alcance de esas conversaciones y sus posibles implicaciones políticas.