El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, compareció este jueves ante un juez federal como parte del proceso penal que enfrenta por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, derivados de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red de presunto huachicol fiscal. Tras su detención el pasado miércoles en Ensenada, el panista fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano», donde comparece desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ubicadas al interior del penal, para la audiencia inicial en la que el Ministerio Público formulará la imputación y un juez determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Ruffo Appel estaría vinculado con una empresa señalada por presuntamente importar combustible de manera irregular para evadir el pago de impuestos. La captura forma parte de una indagatoria de alta complejidad que también derivó en el aseguramiento, ocurrido en julio de 2025, de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, considerado uno de los mayores decomisos relacionados con huachicol fiscal en el país. La defensa del exmandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen elementos para responsabilizarlo de los hechos.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención responda a una persecución política y defendió el trabajo de la Fiscalía General de la República. Durante su conferencia matutina afirmó: «Es falso que haya un asunto político. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias necesarias para garantizar ante los jueces que existen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión». Agregó que la FGR actúa de manera autónoma y que será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad del exgobernador conforme avance el proceso.

En contraste, el expresidente Felipe Calderón criticó la actuación del Gobierno federal y aseguró que el caso refleja un uso selectivo de la justicia. A través de su cuenta de X escribió: «Independientemente de lo que se deslinde en el caso de Ruffo Appel, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva. Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen». Por su parte, Morena rechazó que exista persecución política y sostuvo que las investigaciones no distinguen partidos políticos, al afirmar que «en México ya no hay intocables».

El proceso judicial apenas comienza. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía expondrá los datos de prueba que sustentan la imputación, mientras la defensa podrá responder a los señalamientos. Posteriormente, el juez decidirá si vincula o no a proceso a Ernesto Ruffo Appel y, en su caso, determinará las medidas cautelares que enfrentará mientras continúan las investigaciones.