La jueza federal Lizbeth González Cortés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Zacatecas, fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Disciplina Judicial mientras se investigan diversas irregularidades relacionadas con su desempeño. Entre los señalamientos se encuentra el presunto uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar sentencias, acuerdos y otros documentos judiciales, además de quejas laborales presentadas por personal del juzgado. La suspensión fue notificada el pasado 14 de julio.
Las inconformidades comenzaron después de la llegada de González Cortés al juzgado, tras resultar electa en el proceso judicial de 2025. Trabajadores señalaron que la juzgadora se negó a recibir al personal y que en octubre rechazó otorgar una plaza definitiva a una empleada a pocos días de que cumpliera el plazo requerido, lo que provocó una manifestación. Posteriormente, la jueza presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en la protesta.
A esos señalamientos se sumaron quejas por presunto desconocimiento de procedimientos, errores en resoluciones y el uso de inteligencia artificial para elaborar documentos de relevancia jurídica. También se le atribuye el mayor rezago entre los juzgados federales de Zacatecas. Ante estas incidencias, el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó una evaluación de seguimiento especial que derivó en su separación provisional del cargo.
Uno de los antecedentes recientes de la jueza fue la suspensión provisional que concedió contra la entrega del Hotel Parador del ISSSTEZAC, dentro del proceso de desincorporación del inmueble. Su separación del cargo ocurrió horas después de que se conociera esa resolución; sin embargo, la información disponible señala que la suspensión de la juzgadora no fue motivada por el caso del hotel, sino por las investigaciones administrativas previas en su contra.
La medida es provisional y no constituye una resolución definitiva sobre su responsabilidad. Una vez concluidas las investigaciones, el Tribunal de Disciplina Judicial deberá determinar si los señalamientos se acreditan y si corresponde imponer una sanción, que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.
