A partir de las 00:01 horas (tiempo del este de Estados Unidos) de este viernes, el gobierno del presidente Donald Trump comenzará a aplicar nuevos aranceles de 10% y 12.5% a productos importados desde 60 economías, entre ellas México, como parte de una medida comercial enfocada en combatir el uso de bienes producidos mediante trabajo forzado. Los gravámenes fueron aprobados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, luego de concluir investigaciones sobre las políticas de distintos socios comerciales respecto a la prohibición de importar mercancías elaboradas con trabajo forzado. La medida sustituirá al arancel temporal global del 10% que expirará este viernes.

De acuerdo con la USTR, las investigaciones concluyeron que los países analizados no han impuesto o no hacen cumplir de manera efectiva prohibiciones a la importación de productos elaborados con trabajo forzado, lo que, según Washington, genera una desventaja para las empresas estadounidenses que sí deben cumplir con estas restricciones. La administración de Trump sostiene que Estados Unidos mantiene desde hace décadas una prohibición para importar mercancías producidas mediante trabajo forzado y busca que sus principales socios comerciales adopten medidas similares para eliminar estas prácticas de las cadenas globales de suministro. Los nuevos aranceles no sustituyen otras tarifas ya existentes, sino que se suman al esquema comercial vigente bajo esta investigación.

En el caso de México, la tarifa será del 10%, debido a que, según la USTR, el país cuenta con mecanismos para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado, pero no los aplica de manera efectiva. La misma categoría incluye a Canadá, Ecuador, Indonesia, Pakistán y la Unión Europea, mientras que otros países que recientemente asumieron compromisos para fortalecer estas prohibiciones, como Reino Unido, India, Guatemala, Honduras, Camboya, Jordania, Sri Lanka, Malasia, Bangladesh, El Salvador y Trinidad y Tobago, también recibirán la tasa del 10%. Para la administración estadounidense, estas economías han mostrado avances o compromisos concretos para reforzar la vigilancia sobre las cadenas de suministro.

Por el contrario, la tarifa de 12.5% se aplicará a las economías que, de acuerdo con la investigación estadounidense, no cuentan con una prohibición efectiva sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Entre ellas se encuentran Argelia, Angola, Argentina, Australia, Bahamas, Baréin, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, Irak, Israel, Japón, Kazajistán, Kuwait, Libia, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Vietnam, además de otros socios comerciales incluidos en la investigación. En el caso de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, la tarifa final dependerá del arancel de Nación Más Favorecida (MFN) que ya tenga cada producto, por lo que algunos bienes podrían quedar con una carga total de 10% o 12.5%, mientras que otros quedarían exentos del nuevo gravamen.

La medida contempla diversas exenciones. Quedarán fuera de estos aranceles productos sujetos a otros gravámenes por razones de seguridad nacional (como el acero, aluminio y algunos vehículos), además de petróleo, gas, fertilizantes, ciertos alimentos, materiales informativos y mercancías protegidas por acuerdos comerciales como el T-MEC, siempre que cumplan con las reglas de origen correspondientes. Los bienes que ya se encuentren en tránsito hacia Estados Unidos también tendrán un periodo de gracia antes de quedar sujetos al nuevo esquema.

La decisión se produce mientras México y Estados Unidos mantienen la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y forma parte de la estrategia comercial impulsada por Donald Trump para reforzar los controles sobre las cadenas globales de suministro. Aunque la Casa Blanca sostiene que el objetivo es combatir el trabajo forzado y proteger a los trabajadores estadounidenses, diversos analistas consideran que la medida también consolida una nueva etapa de la política comercial proteccionista del gobierno estadounidense, con posibles repercusiones para el comercio internacional y las relaciones con sus principales socios económicos.