La crisis migratoria en Ceuta dejó hasta este viernes 57 personas fallecidas, cuyos cuerpos fueron recuperados en las costas después del ingreso masivo ocurrido entre el jueves y la madrugada del 31 de julio. El Gobierno español calcula que alrededor de 50 mil migrantes entraron irregularmente desde Marruecos, mientras que el gobierno de la ciudad autónoma eleva la cifra a 60 mil, equivalente a cerca del 70 % de sus aproximadamente 84 mil habitantes. La mayoría llegó nadando o a pie, en medio de una concentración que desbordó los controles fronterizos y los servicios de atención del enclave español en el norte de África.
Desde la jornada anterior, las autoridades españolas y marroquíes aceleraron el retorno de quienes cruzaron la frontera. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó que más de 48 mil personas ya habían regresado a Marruecos, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió sus vacaciones y viajó a Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para coordinar la respuesta. Sánchez calificó lo ocurrido como una “violación a la integridad territorial de España” y señaló que la llegada masiva rompió la tendencia de reducción de los flujos migratorios irregulares.
El Gobierno español anunció el despliegue de boyas en el espigón fronterizo para crear una barrera física que impida nuevos cruces por mar y permita realizar las repatriaciones conforme a los procedimientos administrativos. Sánchez atribuyó parte de la movilización a una interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar devoluciones inmediatas a quienes son interceptados en el agua, y sostuvo que esa resolución fue aprovechada por redes de tráfico de personas. Además, España mantiene controles policiales para identificar a quienes permanecen en Ceuta y evitar su traslado sin autorización hacia la península o hacia otros países de la Unión Europea.
La crisis también provocó medidas en otros países europeos. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció el restablecimiento temporal de controles fronterizos para los ciudadanos extracomunitarios que viajen en avión o barco desde España. La medida entrará en vigor el 1 de agosto y se mantendrá durante un mes; en la práctica, Italia solicitará documentación en puertos y aeropuertos, pero no puede expulsar unilateralmente a España del espacio Schengen. El Gobierno italiano justificó la decisión como una acción para proteger su seguridad nacional, mientras Madrid respondió que la integridad de Schengen está garantizada y que ningún migrante procedente de Ceuta ha llegado al territorio continental de la Unión Europea.
En los próximos días continuarán los operativos de vigilancia y devolución, mientras las autoridades buscan recuperar la normalidad en la frontera y determinar cuántas personas permanecen todavía en Ceuta. Francia anunció que elevará a 334 el número de policías y gendarmes en su frontera con España, Portugal reforzará sus controles terrestres y marítimos y la Comisión Europea ofreció apoyo a Madrid para contener nuevos ingresos, desmantelar las redes de tráfico y acelerar los retornos permitidos por la legislación. La presión inmediata seguirá concentrada en evitar nuevos cruces y en atender las consecuencias humanitarias de una crisis que ya provocó decenas de muertes.
