A casi una década del asesinato de Paola Buenrostro, un juez de control reclasificó este jueves 4 de septiembre el delito imputado a Arturo “N”, de homicidio a feminicidio, y lo vinculó a proceso por la muerte de la mujer trans ocurrida en septiembre de 2016 en Ciudad de México. El acusado permanecerá bajo prisión preventiva y el juzgador estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Una reclasificación exigida durante años
La resolución se produjo después de que el Ministerio Público solicitara modificar la clasificación jurídica del caso durante la audiencia de continuación, petición que fue aceptada por el juez. Apenas dos días antes, colectivos trans habían tomado instalaciones de la Fiscalía capitalina para protestar porque Arturo “N” había sido presentado inicialmente ante una jueza por homicidio, pese a años de exigencias para que la muerte de Paola fuera reconocida y juzgada con perspectiva de género. La propia Fiscalía había señalado entonces que la clasificación jurídica todavía podía modificarse durante el proceso.
De acuerdo con la investigación, la madrugada del 30 de septiembre de 2016, Paola, de 24 años y trabajadora sexual, abordó un automóvil después de que Arturo “N” contratara sus servicios. Poco después pidió auxilio y sus compañeras escucharon dos disparos; al acercarse encontraron a Paola herida en el asiento del copiloto y al hoy imputado presuntamente con un arma. Sus compañeras lo retuvieron y entregaron a las autoridades, pero fue liberado días después. La Fiscalía obtuvo posteriormente una orden de aprehensión y Arturo “N” permaneció prófugo hasta su captura, el 31 de agosto de 2026 en Nicolás Romero, Estado de México.
El caso que impulsó un cambio en la ley
El asesinato de Paola se convirtió en un referente de la lucha contra la violencia hacia las mujeres trans. En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México documentó deficiencias en la investigación, entre ellas la falta de reconocimiento de su identidad de género y la revictimización de su familia social; en 2021, la Fiscalía ofreció una disculpa pública. La movilización encabezada durante años por la activista Kenya Cuevas, amiga y testigo del crimen, contribuyó además a impulsar la denominada Ley Paola Buenrostro, mediante la cual en 2024 se incorporó el transfeminicidio como delito específico en el Código Penal capitalino. Esa figura no se aplica retroactivamente a este proceso: la reclasificación determinada ahora es por feminicidio.
Para Kenya Cuevas, la resolución representa un reconocimiento que trasciende la eventual pena contra el imputado. Al salir de la audiencia destacó que la decisión reconoce la identidad y dignidad de Paola, aunque mantuvo sus críticas contra las omisiones de la Fiscalía durante los casi diez años que tomó llevar nuevamente al acusado ante la justicia. Con la vinculación a proceso comienza ahora la investigación complementaria y, una vez concluida, el caso podrá avanzar hacia las siguientes etapas judiciales para determinar la responsabilidad penal de Arturo “N”.
