El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó 6 millones 279 mil 956 pesos a ocho prestadores de servicios cuyos trabajos no fueron acreditados documentalmente ante una auditoría de su Órgano Interno de Control (OIC). Los pagos se realizaron entre 2023 y 2025 a personal contratado por honorarios en la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), durante un periodo que comprende parte de la gestión de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La revisión concluyó el 30 de enero de 2026.
Más de 5.6 millones corresponden a la DEA
La mayor parte del dinero observado corresponde a cuatro prestadores de servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), área encargada de administrar los recursos humanos, financieros y materiales del instituto. Sus pagos netos quincenales se ubicaban entre 22 mil y 47 mil pesos y, durante el periodo revisado, acumularon 5 millones 606 mil 725 pesos que no pudieron ser acreditados documentalmente conforme a las reglas establecidas para el pago de honorarios permanentes:
- Consultor técnico HRMS & FINANTIALS.
- Consultor líder funcional HRMS.
- Consultor de desarrollo.
- Coordinador de proyecto.
Los otros 673 mil 231 pesos corresponden a cuatro prestadores adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). En esta área, el OIC detectó 43 inconsistencias documentales, mientras que en la DEA encontró 27. La auditoría no establece que los servicios necesariamente hayan dejado de realizarse, sino que el instituto no logró presentar la documentación requerida para acreditar los trabajos y justificar los pagos conforme a sus propias reglas.
- Técnico en gestión documental.
- Gestor de información jurídica.
- Oficial jurídico registral.
- Supervisor de revisión documental registral y líder de proyecto.
Las observaciones alcanzaron otras áreas del INE
La revisión del OIC no se limitó a la DEA y la DERFE. La auditoría encontró problemas en la documentación presentada por prestadores de servicios de otras áreas del instituto:
- Servicio Profesional Electoral Nacional: 15 inconsistencias; entre ellas, una persona contratada como analista de viáticos y pasajes reportó actividades de cerrajería y revisión de mobiliario.
- Prerrogativas y Partidos Políticos: 27 inconsistencias.
- Capacitación Electoral y Educación Cívica: 26 inconsistencias.
- Unidad Técnica de Fiscalización: los informes de nueve prestadores no permitieron comprobar el cumplimiento de todas las funciones para las que fueron contratados.
Los hallazgos se conocen mientras el INE inicia el proceso electoral federal 2026-2027 en medio de cuestionamientos internos sobre su administración. Durante el arranque del proceso, el consejero Arturo Castillo cuestionó el nombramiento de 12 titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin el consentimiento del Consejo General y señaló la salida de al menos 836 personas. El instituto ha sostenido que estas bajas corresponden a contrataciones temporales, por honorarios y proyectos específicos, y que no representan la desaparición de plazas estructurales.
