La jueza Ángela Zamorano Herrera rechazó el 21 de noviembre la solicitud de libertad anticipada del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, ya que consideró que el exfuncionario no satisface las condiciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Después de la decisión, Duarte tiene que permanecer en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026, que es cuando cumple su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa.
¿Qué motivó la negativa de la jueza?
Después de una audiencia de poco más de una hora, la jueza Zamorano Herrera determinó que la petición del exgobernador era “infundada”. A pesar de que Duarte alegó haber cumplido más del 95% de su condena y demostrar buena conducta, la autoridad judicial determinó que dos requisitos fundamentales no estaban cumplidos.
El primero y el más decisivo fue la presencia de un proceso penal en curso. Aunque Duarte no fue vinculado a proceso por su supuesta implicación en un caso de desaparición forzada que tuvo lugar en 2016, la Fiscalía de Veracruz objetó esa decisión. Por lo tanto, el caso permanece abierto hasta que se resuelva el recurso. De acuerdo con la Ley de Ejecución Penal, si un individuo está bajo otro procedimiento que requiera prisión preventiva oficiosa, como es el caso de la desaparición forzada, no puede obtener libertad anticipada.
La magistrada resaltó que el sobreseimiento del caso “no está firme” y que esta situación, por sí misma, es suficiente para rechazar la preliberación.
¿Qué dice la Ley de Ejecución Penal sobre la libertad anticipada?
La normativa establece varios criterios para optar a beneficios de reinserción social, como la libertad anticipada. Entre ellos están:
- No constituir una amenaza para las víctimas, los testigos o la sociedad.
- Conservar una conducta adecuada durante la internación.
- Haber llevado a cabo el plan de actividades que involucra la cultura, la educación, el trabajo y el deporte en el centro penitenciario.
- Haber pagado la multa y reparado el daño si corresponde.
- Haber cumplido un mínimo del 70% de la pena por delitos dolosos.
- No estar involucrado en otro proceso penal que esté en curso.
La jueza indicó, en el caso de Duarte, que no proporcionó pruebas suficientes de su involucramiento en tareas educativas, culturales o deportivas al interior del Reclusorio Norte, otro de los requisitos necesarios. A pesar de que su defensa presentó documentos, la autoridad determinó que estos no demostraban de forma clara si el plan de actividades se había cumplido.
¿Qué dice la defensa del exgobernador?
El abogado Pablo Campuzano describió la decisión como imprevista, pero aseguró que la respetarán y que presentarán una apelación. Al afirmar que uno de los testigos fue torturado, afirmó que el caso de desaparición forzada “está cancelado” y sostuvo que su cliente cumple con todos los requisitos legales para obtener la libertad anticipada.
Además, la defensa resaltó que Duarte ha estado en reclusión desde 2017 y que ya ha cumplido una porción significativa de la pena impuesta en 2018 después de someterse a un procedimiento abreviado.
No obstante, a lo largo del proceso, la Fiscalía General de la República mostró declaraciones de funcionarios penitenciarios que indicaron supuestas anomalías que Duarte había cometido durante su encierro, además de demoras que le fueron adjudicadas en otros casos judiciales.
¿Cómo reaccionó la opinión pública y qué podría ocurrir después?
La noticia de que Duarte seguirá en prisión provocó una discusión mediática inmediata y publicaciones en las redes sociales por parte de la ciudadanía. Las publicaciones incluyen, entre otras, expresiones de aprobación a la decisión judicial.
Por ahora, no se ha documentado ninguna respuesta oficial de líderes de partidos políticos estatales o nacionales. Aunque la respuesta pública ha sido, en su mayoría, de los ciudadanos, el asunto podría adquirir un carácter político a medida que se desarrolle la apelación anunciada por la defensa del exgobernador. El caso podría volver a ser debatido públicamente si el proceso avanza hacia instancias superiores o si se aproxima la fecha de cumplimiento total de su condena, que es en abril de 2026.
¿Qué sigue para el caso de Duarte?
Después de que la magistrada no accediera a su solicitud, el exgobernador permanecerá en prisión por lo menos 142 días más, lo que significa que terminará de cumplir su condena en abril de 2026. Un tribunal tendrá que examinar la apelación que su defensa anunció, pero hasta el momento no hay señales de que la decisión pueda cambiarse pronto.
La determinación supone un nuevo tropiezo para el exgobernador, que desde diciembre de 2024 procuraba conseguir su libertad anticipada. El proceso por desaparición forzada todavía está vigente. Si no se resuelve la impugnación antes de que la sentencia termine, este hecho podría alargar su estancia en prisión.
