Un año de intensa y concentrada actividad normativa
El año 2025 representó para el Congreso del Estado de Veracruz uno de los periodos de mayor productividad legislativa de los últimos años. A lo largo de dos periodos ordinarios, recesos, sesiones extraordinarias y ajustes de cierre de ejercicio, se presentaron, dictaminaron y aprobaron reformas constitucionales, leyes de nueva creación y modificaciones a marcos normativos estratégicos. Justicia, organización del poder público, derechos humanos —con especial énfasis en género—, obras públicas, fiscalización, seguridad y administración pública concentraron la mayor parte de la agenda legislativa.
Morena, como fuerza mayoritaria, encabezó la presentación de la mayoría de las iniciativas, seguido por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), el PAN y el PRI. La alta tasa de aprobación, en muchos casos con amplias mayorías o unanimidad, permite observar no solo la correlación de fuerzas políticas, sino también los temas que generaron mayor consenso y aquellos donde el debate parlamentario fue más visible.
Enero de 2025: el inicio de una reconfiguración institucional profunda
El arranque del año legislativo estuvo marcado por una transformación estructural del Poder Judicial del Estado. El 8 de enero de 2025, durante la décimasegunda sesión ordinaria del primer periodo ordinario del primer año, el diputado Diego Castañeda Aburto (Morena) presentó la iniciativa de decreto para reformar los artículos 57, 59 y 62 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. La propuesta planteó la separación de las presidencias del Tribunal Superior de Justicia y del Órgano de Administración Judicial, el establecimiento de periodos de tres años y el fortalecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial mediante su ampliación a cinco magistraturas.
El dictamen fue aprobado el 11 de enero de 2025, en la decimotercera sesión ordinaria, con 39 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, convirtiéndose en el eje articulador del resto de reformas judiciales del año.
En concordancia con esta reforma constitucional, el 13 de enero, durante la décimacuarta sesión ordinaria, la gobernadora Norma Rocío Nahle García presentó la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Electoral del Estado, con el objetivo de armonizar la legislación secundaria en materia de elección de magistraturas y personas juzgadoras. El dictamen fue aprobado el 20 de enero, en la décimaquinta sesión ordinaria, con 38 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones.
Este bloque se fortaleció con la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada el 23 de enero por el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), aprobada el 27 de enero con 36 votos a favor y 6 en contra, así como con reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, impulsadas por Miguel Guillermo Pintos Guillén (Morena), aprobadas con 35 votos a favor y 7 en contra.
Estas reformas sentaron las bases para una nueva estructura judicial en Veracruz, con reglas claras de organización, elección y control interno, impactando directamente en la impartición de justicia y en la rendición de cuentas del sistema judicial.
Justicia alternativa y acceso efectivo a la resolución de conflictos
Ese mismo 20 de enero de 2025, en la décimasexta sesión ordinaria, la gobernadora presentó la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, alineada con reformas federales publicadas el 26 de enero de 2024. La iniciativa propuso la creación de un Centro Público de Mecanismos Alternativos, especializado en materias civil, mercantil, familiar y administrativa, con el objetivo de reducir la carga judicial y ofrecer soluciones más ágiles a la ciudadanía. El dictamen fue aprobado el 23 de enero, con 38 votos a favor y unanimidad en la votación, consolidando un modelo que busca reducir la carga judicial y acercar soluciones más ágiles a la ciudadanía.
Violencia vicaria, género y derechos humanos: una prioridad legislativa
Otro de los temas predominantes en 2025 fue la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, particularmente frente a la violencia vicaria. El 20 de enero, la diputada Victoria Gutiérrez Pérez (Morena) presentó una iniciativa para reformar el Código Civil, el Código Penal, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de reconocer y sancionar la violencia vicaria, equiparándola con la violencia familiar. Fue aprobada el 6 de marzo, con 36 votos a favor y ninguno en contra.
A esta se sumó una segunda iniciativa presentada el 27 de enero por las diputadas Astrid Sánchez Moguel, Naomi Edith Gómez Santos, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez y Tanya Carola Viveros Cházaro (Morena), enfocada en la restitución de derechos, capacitación institucional, la capacitación de servidores públicos y acceso al Fondo de Reparación Integral. También fue aprobada el 6 de marzo, con 36 votos a favor por unanimidad.
El consenso en estas reformas refleja una prioridad legislativa clara en la agenda de derechos humanos y de género, con impactos directos en la protección jurídica y social de víctimas.
Obras públicas, adquisiciones y administración del gasto: el bloque con mayor debate
El Congreso también abordó una profunda actualización del marco normativo en obras públicas y contrataciones. El 23 de enero, el diputado Alejandro Porras Marín (Morena) presentó la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, enfocada en perfeccionar la planeación, contratación, ejecución y supervisión de obras públicas. Fue aprobada el 30 de enero con 38 votos a favor y 8 en contra. Ese mismo día se aprobaron dos iniciativas complementarias del mismo legislador:
- Reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, al Código de Procedimientos Administrativos, al Presupuesto de Egresos 2025 y a la Ley de Desarrollo Urbano, con 36 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones.
- Reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles, aprobadas con 33 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones.
Durante el segundo semestre, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM) promovió reformas adicionales a la Ley de Obras Públicas, incluyendo el cobro del “cinco al millar” para la vigilancia de obras, aprobadas el 14 de agosto, con 36 votos a favor y 6 en contra. Este conjunto de votaciones reflejó el bloque de mayor oposición relativa del año, evidenciando que la contratación pública y el gasto continúan siendo terrenos de disputa política.
Transparencia, Identidad de género, fiscalización, medio ambiente y rendición de cuentas
El 13 de febrero de 2025, las diputadas Astrid Sánchez Moguel y Tanya Carola Viveros Cházaro presentaron la iniciativa para reconocer la identidad de género autopercibida en el Código Civil. El dictamen fue aprobado el 1 de abril de 2025, con 38 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, una de las votaciones más divididas del año en derechos civiles.
En materia de fiscalización, el 1 de abril, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén (Morena) presentó una iniciativa para crear el Buzón Fiscalizador y el Sistema Integral para la Fiscalización, aprobada el 25 de abril con 34 votos a favor y unanimidad. Estas herramientas digitales buscan modernizar la relación entre el Órgano de Fiscalización y los entes auditados.
Ese mismo 25 de abril también se presentaron:
- La iniciativa para destinar ingresos del Parque Naturalia, el Acuario de Veracruz y la Academia Regional de Seguridad Pública a la conservación ambiental, aprobada el 8 de mayo, con 37 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
- La reforma constitucional (presentada por diputados y diputadas del PVEM) en bienestar animal, aprobada el 13 de noviembre de 2025, sin que se registraran votos en el dictamen.
También se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, presentada por la gobernadora el 19 de junio, con 36 votos a favor y 6 en contra, fortaleciendo el marco de privacidad y manejo de información pública.
Seguridad, desaparición de personas y procuración de justicia
El 6 de marzo, la diputada Naomi Edith Gómez Santos (Morena) presentó la reforma al Código Penal en materia de exclusión de responsabilidad, aprobada el 28 de octubre, con 39 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
También se aprobaron reformas clave en seguridad pública y desaparición de personas, armonizando la legislación estatal con normas federales. Destaca la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presentada el 11 de diciembre y aprobada el 15 de diciembre, así como la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, aprobada el 14 de agosto, con 41 votos a favor y 3 en contra.
Asimismo, se reformó la Constitución local en materia de procuración de justicia, reduciendo el periodo del titular de la Fiscalía General del Estado, iniciativa presentada por diputados del Partido del Trabajo y aprobada con 42 votos a favor y 5 en contra.
El cierre del año: bienestar animal, seguridad, cultura, educación y finanzas públicas
Durante el último trimestre del año se aprobaron reformas en comparecencias legislativas (36 votos a favor, 4 en contra), protección civil (44 votos a favor, unanimidad), seguridad pública, extorsión, protección de periodistas, coordinación fiscal municipal y el Presupuesto de Egresos 2026, aprobado tanto en lo general como en lo particular, con un monto superior a 177 mil millones de pesos.
El Congreso también avanzó en temas como bienestar animal, reconociendo a los animales como seres sintientes a nivel constitucional; cultura, fortaleciendo la Secretaría del ramo; y educación, mediante la redistribución de ingresos por concesiones en escuelas.
¿Qué dejó 2025 a Veracruz?
El balance del trabajo legislativo de 2025 muestra un Congreso altamente productivo en términos normativos, con una agenda claramente enfocada en reformas estructurales, con énfasis en justicia, derechos humanos y modernización administrativa. Muchas de las iniciativas ya comenzaron a reflejarse en procesos más ágiles, mayor protección jurídica y nuevas herramientas institucionales.
Sin embargo, el análisis también revela áreas que podrían requerir mayor impulso en los próximos años, como la evaluación del impacto real de las reformas judiciales, el fortalecimiento de políticas públicas preventivas en seguridad y una mayor atención a temas sociales emergentes.
El reto para Veracruz no será la falta de normas, sino su implementación efectiva. Que las reformas judiciales se traduzcan en una justicia más accesible, que las leyes de obras públicas realmente mejoren la transparencia, y que las reformas en derechos humanos se reflejen en protección tangible para las personas.
Y tú, como ciudadano veracruzano, ¿percibiste en tu vida cotidiana los cambios que prometieron estas reformas o consideras que 2025 se quedó más en el papel que en la realidad?
