Un juez federal ordenó la reapertura de la investigación en México contra Naasón Joaquín García, dirigente de la organización religiosa La Luz del Mundo, luego de que previamente la Fiscalía General de la República (FGR) determinara no ejercer acción penal en una carpeta relacionada con delincuencia organizada. La decisión judicial revoca ese “carpetazo” y obliga a retomar las indagatorias.
El fallo responde a un amparo promovido por víctimas, quienes argumentaron omisiones en la investigación y falta de exhaustividad por parte de la FGR. El juez determinó que la Fiscalía no agotó todas las líneas de investigación ni analizó adecuadamente las pruebas presentadas, por lo que ordenó reabrir el caso y continuar con las diligencias correspondientes.
En México, las acusaciones contra Naasón Joaquín García no se limitan a los delitos por los que fue condenado en Estados Unidos. Diversas denuncias señalan que, desde territorio nacional, se habría configurado una estructura dentro de La Luz del Mundo para captar y someter a víctimas, principalmente mujeres jóvenes, mediante mecanismos de control espiritual y jerárquico. Estas acusaciones incluyen posibles delitos como abuso sexual, trata de personas y delincuencia organizada, bajo el argumento de que existía una red que facilitaba el acceso a las víctimas y encubría las conductas. De acuerdo con testimonios recabados por organizaciones civiles y presentados ante autoridades, algunas de estas prácticas habrían ocurrido durante años en distintos puntos del país, lo que motivó la apertura de investigaciones paralelas en México tras el proceso judicial en Estados Unidos.
La reapertura del caso ocurre después de que la FGR decidiera en su momento cerrar la investigación al considerar que no había elementos suficientes para proceder. Sin embargo, la resolución judicial señala que dicha determinación fue indebida, ya que no se valoraron correctamente los testimonios y pruebas aportadas por las víctimas.
Con esta decisión, la Fiscalía deberá retomar el caso, integrar nuevas diligencias y definir si existen elementos para judicializar la investigación en México. La resolución representa un nuevo paso en la búsqueda de justicia por parte de las víctimas, en un proceso que ha tenido implicaciones tanto nacionales como internacionales.
