La acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico detonó una serie de reacciones tanto en México como en el ámbito internacional. Mientras en Washington legisladores advierten que el caso podría ser “solo el principio”, en México la respuesta institucional ha oscilado entre la cautela, el respaldo político y el rechazo a las acusaciones.
Desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos, legisladores señalaron que las imputaciones contra funcionarios mexicanos podrían escalar en los próximos meses. De acuerdo con reportes retomados por La Jornada, algunos integrantes advirtieron que el señalamiento contra Rocha Moya forma parte de una estrategia más amplia contra redes vinculadas al narcotráfico, y que podrían venir más acusaciones contra figuras políticas.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura que marcó distancia frente a las acusaciones. Durante su conferencia matutina, sostuvo que el gobierno estadounidense debe presentar pruebas claras: “tienen que demostrarlo”, señaló, al tiempo que cuestionó si las imputaciones podrían tener un trasfondo político. La mandataria subrayó que no puede haber señalamientos sin evidencia contundente y pidió que cualquier acusación se sustente con información verificable.
Por su parte, el propio Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene nada que temer. En declaraciones difundidas por N+, afirmó: “no hay nada que temer”, descartando cualquier vínculo con actividades ilícitas y defendiendo su trayectoria política. El gobernador ha mantenido su postura de negar categóricamente los señalamientos provenientes de Estados Unidos.
A nivel local, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil (quien también aparece mencionado en la investigación) negó las acusaciones en su contra y rechazó cualquier relación con el crimen organizado. Según reportes de medios locales, calificó los señalamientos como infundados y reiteró que su administración se ha conducido dentro del marco legal.
El caso también fue abordado en el gabinete de seguridad federal, donde se analizó el impacto de la acusación como un posible “golpe judicial” desde Estados Unidos, en medio de una relación bilateral marcada por la cooperación en materia de seguridad, pero también por tensiones en torno a la soberanía y el combate al narcotráfico.
En paralelo, organizaciones y actores políticos han comenzado a exigir una respuesta más firme del Estado mexicano ante lo que consideran una acusación de alto impacto institucional. Mientras tanto, el proceso en Estados Unidos continúa avanzando, y de confirmarse los cargos, podría derivar en solicitudes formales de detención o extradición, lo que colocaría el caso en una nueva fase de tensión diplomática entre ambos países.