La presión política en torno al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló un nuevo nivel luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) solicitara al gobierno federal la emisión de una alerta migratoria en su contra, así como contra otros funcionarios señalados por Estados Unidos, con el objetivo de impedir que abandonen el país mientras avanzan las investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La petición, impulsada por legisladores y dirigentes panistas, plantea que se trata de una medida preventiva para garantizar que los implicados permanezcan en territorio nacional. De acuerdo con el vocero del partido, la intención es evitar una posible fuga ante la gravedad de las acusaciones, que involucran a un total de diez funcionarios mexicanos señalados por autoridades estadounidenses. 

Apenas en días recientes, el gobierno de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas y uso de armas, lo que abrió la puerta a posibles procesos de extradición y sanciones internacionales. Las acusaciones han sido rechazadas por los señalados, quienes sostienen que se trata de señalamientos sin sustento.

Desde el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no puede haber acciones legales sin pruebas contundentes. En sus posicionamientos recientes, ha cuestionado el origen de las acusaciones y ha advertido que podrían tener un trasfondo político, al tiempo que reiteró que cualquier investigación deberá sustentarse en evidencia verificable antes de tomar decisiones como detenciones o restricciones migratorias. 

Por su parte, Rocha Moya ha negado los señalamientos y ha reiterado que “no hay nada que temer”, defendiendo su inocencia y asegurando que continuará enfrentando el proceso. En paralelo, el caso ha comenzado a generar efectos políticos internos: tanto él como el alcalde de Culiacán han solicitado licencias a sus cargos en medio de la investigación, mientras la oposición eleva la presión para que se tomen medidas más contundentes. 

La exigencia de una alerta migratoria se suma así a otras acciones impulsadas por la oposición, como la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, en un escenario donde el caso ha dejado de ser únicamente judicial para convertirse en un punto de confrontación política entre gobierno y oposición, con implicaciones directas en la relación entre México y Estados Unidos.