La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que permitiría anular elecciones en México cuando existan pruebas de intervención o injerencia extranjera en los procesos electorales. La iniciativa, impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, avanzó este 28 de mayo con mayoría calificada y será enviada al Senado para su discusión.
La reforma plantea modificaciones a la Constitución para establecer que cualquier intervención extranjera que vulnere la soberanía nacional o altere la equidad de las elecciones podrá ser motivo para invalidar los resultados de una contienda electoral. De acuerdo con el dictamen aprobado, correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si existieron elementos suficientes para declarar la nulidad.
Durante la discusión legislativa, Ricardo Monreal retiró uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa original: el apartado que contemplaba la nulidad prácticamente automática de una elección ante cualquier tipo de intervención extranjera acreditada. Según explicó el legislador morenista, la modificación se hizo para evitar interpretaciones excesivas o riesgos de discrecionalidad jurídica.
Aun con ese ajuste, la propuesta generó fuertes debates entre legisladores de oposición, quienes señalaron que el concepto de “injerencia extranjera” podría prestarse a interpretaciones políticas amplias y utilizarse para judicializar procesos electorales. Algunos diputados advirtieron que la redacción aún deja zonas ambiguas sobre qué tipo de acciones podrían considerarse intervención externa.
Morena y sus aliados defendieron la reforma argumentando que busca proteger la soberanía nacional frente a posibles intentos de influencia política, económica o mediática provenientes del extranjero. Legisladores oficialistas sostuvieron que otros países ya cuentan con mecanismos similares para proteger sus procesos democráticos.
Tras su aprobación en San Lázaro, la reforma será turnada al Senado, donde deberá alcanzar nuevamente mayoría calificada para concretar cambios constitucionales. En caso de avanzar, también requerirá la aprobación de al menos 17 congresos estatales antes de entrar en vigor.
