La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió reasumir su competencia para analizar un amparo que podría marcar un precedente en torno al derecho a decidir sobre el final de la vida en México. La resolución permitirá al máximo tribunal pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas que actualmente prohíben la eutanasia y el suicidio asistido en el país.
El caso surge a partir del amparo indirecto 147/2026, promovido por una tanatóloga que ha enfrentado en dos ocasiones un diagnóstico de cáncer de mama y que actualmente continúa bajo tratamiento médico. La solicitante sostiene que obligar a una persona a esperar una muerte natural, aun en condiciones de sufrimiento extremo, limita derechos relacionados con la autonomía individual y la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida.
La atracción del asunto fue impulsada por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, junto con el ministro Irving Espinosa Betanzo. Durante la sesión del pasado 17 de junio, ocho integrantes del Pleno votaron a favor de que la SCJN asumiera el análisis del caso, mientras que la ministra María Estela Ríos González votó en contra.
Actualmente, tanto la eutanasia como el suicidio asistido se encuentran prohibidos en México mediante disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y diversas normativas locales, incluida la legislación de la Ciudad de México. Sin embargo, el amparo plantea que esta prohibición absoluta podría entrar en conflicto con derechos constitucionales relacionados con la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
La decisión de la Corte no implica que la eutanasia vaya a legalizarse de forma inmediata. Lo aprobado hasta ahora es únicamente que el máximo tribunal estudiará el fondo del asunto y elaborará un proyecto de sentencia que será discutido posteriormente por los ministros. Será entonces cuando la SCJN determine si las restricciones actuales son compatibles con la Constitución mexicana.
El debate también coincide con un contexto en el que organizaciones civiles y pacientes han impulsado propuestas legislativas para regular la asistencia médica para morir en México. Entre ellas destaca la llamada «Ley Trasciende», una iniciativa ciudadana presentada en la Ciudad de México que busca establecer un marco legal para que personas con enfermedades graves e incurables puedan acceder a procedimientos de muerte asistida bajo supervisión médica.
