El gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, a quienes señala de participar en una red vinculada al tráfico de drogas y al uso ilegal de armas. La acusación fue anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una de las instancias más relevantes en casos de crimen organizado internacional.
De acuerdo con la información oficial, los imputados enfrentan cargos por conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense, así como delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades sostienen que los acusados habrían facilitado operaciones del crimen organizado mediante protección institucional, omisión de funciones o colaboración directa con estructuras del narcotráfico, en un esquema que habría operado durante varios años.
Además de Rocha Moya, fueron señalados Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán. Según el documento judicial, todos ellos habrían participado en una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, a cambio de beneficios económicos, protección institucional o respaldo político.
Entre los señalamientos más graves, la acusación también incluye el uso y posesión de armas de alto poder para proteger estas operaciones ilícitas. En el caso de Juan Valenzuela Millán, se agregan cargos relacionados con el secuestro y homicidio de una fuente vinculada con la DEA, lo que eleva significativamente la gravedad del proceso judicial.
Aunque las sentencias dependerán de lo que determine un juez en Estados Unidos, los delitos imputados, particularmente los relacionados con narcotráfico a gran escala y uso de armas contemplan penas que pueden ir de 10 años de prisión hasta cadena perpetua, con mínimos obligatorios en ciertos casos que podrían traducirse en varias décadas de cárcel. Estas cifras no son definitivas, pero sirven como referencia del alcance legal que enfrentan los acusados bajo la legislación estadounidense.
Hasta el momento, no todos los señalados han emitido una postura pública, mientras que autoridades mexicanas han comenzado a reaccionar ante una acusación que vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre política, seguridad y narcotráfico en la región.
