La operación de la Refinería Olmeca Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, ha colocado en el centro de la discusión pública la situación de varios centros educativos ubicados a escasos metros del complejo petrolero. Jardines de niños y primarias conviven diariamente con mecheros encendidos, emisiones industriales y ruido constante, una cercanía que padres de familia y docentes consideran un riesgo directo para la salud de niñas y niños.
De acuerdo con reportes periodísticos, al menos cinco escuelas se encuentran dentro del perímetro inmediato de la refinería. En algunos casos, las aulas colindan con bardas industriales; en otros, los estudiantes pueden observar desde los patios escolares las llamas de los mecheros que queman gas de manera continua. Padres y maestros han documentado olores fuertes, caída de hollín, irritación en ojos y garganta, así como episodios recurrentes de dolor de cabeza y náuseas entre el alumnado.
Las consecuencias de esta proximidad comenzaron a hacerse visibles con mayor fuerza conforme la refinería avanzó en su etapa operativa. Algunas escuelas han tenido que suspender clases en determinados días, mientras que otras reportan ausentismo constante por enfermedades respiratorias. A ello se suma la preocupación por la exposición prolongada a compuestos químicos, particularmente en menores de edad, un sector especialmente vulnerable.
Ante la falta de soluciones inmediatas, padres de familia y comunidades escolares han salido a protestar. En distintas movilizaciones, exigieron la reubicación de los planteles y denunciaron que las autoridades educativas y energéticas no han ofrecido alternativas claras. Las manifestaciones se han realizado tanto en accesos a la refinería como frente a oficinas gubernamentales locales, con consignas que reclaman el derecho a una educación segura.
En este contexto, algunas autoridades estatales han reconocido la problemática y han planteado la posibilidad de reubicar los centros educativos, aunque sin plazos definidos ni presupuestos confirmados. Mientras tanto, las comunidades escolares continúan operando en condiciones que consideran inadecuadas, con la incertidumbre como constante.
La otra versión: autoridades descartan riesgos
Sin embargo, Pemex y autoridades locales han sostenido una postura distinta. De acuerdo con comunicados oficiales y declaraciones públicas, no existen riesgos para la salud de los estudiantes ni del personal educativo, argumentando que la refinería cumple con las normas ambientales y de seguridad vigentes. Las autoridades han señalado que los niveles de emisiones están dentro de los límites permitidos y que no hay evidencia científica que vincule directamente la operación del complejo con afectaciones graves.
Esta postura contrasta con los testimonios de padres y docentes, así como con las imágenes de escuelas rodeadas por infraestructura industrial. Aunque los hechos están documentados y las protestas continúan, la narrativa oficial insiste en descartar afectaciones, dejando la discusión abierta entre diagnósticos técnicos, experiencias cotidianas y la urgencia de decisiones que garanticen condiciones seguras para la educación.