La crisis política en Sinaloa se profundizó con una nueva salida dentro de su estructura institucional: a la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya se sumó la del vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Saavedra, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. La separación de ambos funcionarios ocurre en el marco de la investigación del Departamento de Justicia estadounidense, ampliando el alcance del caso y colocando bajo presión directa a las instituciones de seguridad y procuración de justicia en la entidad.
De acuerdo con reportes de medios nacionales, Castro Saavedra solicitó licencia sin goce de sueldo tras hacerse públicos los señalamientos en su contra, relacionados con supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. La propia Fiscalía estatal ya analizaba su posible separación ante la presión derivada de estas acusaciones, que lo colocan como uno de los funcionarios directamente vinculados en el caso que detonó la crisis política en el estado.
En medio de este escenario, el gobierno estatal quedó en manos de Yeraldine Bonilla, quien en sus primeras declaraciones defendió al exmandatario al afirmar que “cree en su inocencia”, al tiempo que buscó enviar un mensaje de estabilidad institucional. La mandataria interina también descartó, en un primer momento, cambios profundos en el gabinete y aseguró que se mantendrá la gobernabilidad en la entidad, postura que ha sido respaldada por actores políticos, incluidos partidos de oposición como Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, el contexto de seguridad ha obligado a ajustes. Desde el ámbito federal, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó el reforzamiento de la presencia de fuerzas federales en Sinaloa y señaló que el estado tendrá “especial atención” tras la salida de Rocha Moya. Al mismo tiempo, sostuvo que “no tenían ningún indicio” previo que vinculara al exgobernador con actividades ilícitas, y reiteró el respaldo del gobierno federal a la administración interina encabezada por Bonilla.
El impacto del caso ya se proyecta hacia el terreno electoral. Analistas advierten que los señalamientos por presunta narcopolítica podrían alterar el rumbo de la elección a la gubernatura en 2027, en un escenario donde la crisis actual podría redefinir alianzas, candidaturas y el equilibrio de fuerzas en uno de los estados más estratégicos del país.
