La situación legal del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sigue sin una solución definitiva. La jueza Ángela Zamorano Herrera, después de una audiencia que duró casi 12 horas y se llevó a cabo el 19 de noviembre, pospuso su fallo para este viernes 21 de noviembre. En esta fecha decidirá si Duarte tiene acceso o no al privilegio de libertad anticipada por los crímenes de operaciones con fondos provenientes de actividades delictivas y asociación delictuosa.
El asunto ha despertado el interés de la opinión pública porque los argumentos de la defensa (que sostiene que Duarte satisface las condiciones legales para recibir la preliberación) contrastan con lo que intenta la Fiscalía General de la República (FGR), que es evitar que se libere.
¿Por qué la Fiscalía insiste en que Duarte no debe salir de prisión?
Durante la diligencia, la FGR mostró a seis testigos (cinco de la Fiscalía de Veracruz y uno federal) para revelar lo que estiman un patrón de mala conducta del exgobernador. Duarte, según el Ministerio Público, habría demorado intencionalmente varios trámites judiciales, incluyendo la audiencia inicial por desaparición forzada, al pretender que estaba enfermo o negarse a comparecer.
La fiscal Denisse Moreno Córdova explicó que, entre 2018 y 2022, se realizaron seis intentos para progresar en este proceso, pero no tuvieron éxito debido a la «actitud rebelde» del exmandatario. En una de las diligencias, en noviembre del 2022, Duarte tuvo que ser llevado a la sala «en una silla y sostenido por personal penitenciario» después de haberse retirado sin permiso, alegando malestar físico. Para la FGR, estos episodios contradicen el requisito de “buena conducta” que exige la Ley Nacional de Ejecución Penal para la libertad anticipada.
¿Qué dice Duarte sobre estos señalamientos?
El exgobernador negó todas las imputaciones y acusó a la fiscalía de tratar de crear un «circo mediático» contra él. Afirmó que no ha tenido acceso a un teléfono móvil en la cárcel, desmintió haber escrito mensajes en las redes sociales durante su confinamiento y censuró al fiscal Manuel Granados Quiroz por acusarle de una supuesta malversación de 60 mil millones de pesos sin aportar evidencias.
Duarte sostuvo, además, que la denuncia que supuestamente había interpuesto contra Tarek Abdalá, su exsecretario de Finanzas, no contiene su firma verdadera y que el fiscal no le comunicó a la jueza que nunca se ratificó dicha denuncia. El abogado Pablo Campuzano, su defensa, argumentó que no hay más procesos abiertos que lo mantengan privado de libertad y solicitó que el caso se examine “como si se tratara de cualquier otra persona”.
¿Qué falta para que haya una resolución?
La magistrada Zamorano Herrera tiene que determinar si Duarte cumple con los siete criterios exigidos por la ley para acceder a beneficios preliberacionales. La defensa sostiene que, hasta octubre de 2023, ha cumplido con más del setenta por ciento de su condena, tiene un comportamiento adecuado y no enfrenta procesos judiciales que sean obligatorios para prisión preventiva.
Por otro lado, la FGR indica que existe un expediente de desaparición forzada en Veracruz que todavía no ha finalizado, ya que la decisión de sobreseerlo fue apelada y sigue siendo revisada. Asimismo, enfatiza que la conducta de Duarte en la prisión no ha sido ejemplar, sino que ha mostrado antecedentes de obstrucción procesal.
La presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, admitió el pasado 12 de noviembre que sabía que Duarte estaba por terminar su condena; sin embargo, enfatizó que también recae sobre él la «sanción moral y ética» que le impone la sociedad. La jueza tomará una decisión mañana viernes sobre si Duarte seguirá en prisión o tendrá la posibilidad de acceder a libertad anticipada después de haber estado nueve años recluido.
