La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, admitió que durante su administración como presidenta municipal de Tecámac se llevó a cabo el sacrificio de más de 10 mil perros como parte de acciones de control sanitario. La declaración, hecha el 15 de abril de 2026 tras cuestionamientos públicos, reactivó el debate sobre las políticas de manejo de fauna urbana en México.
El caso no surgió inicialmente desde una postura oficial, sino desde redes sociales.
En plataformas como X (antes Twitter) y Facebook comenzaron a circular publicaciones de activistas y usuarios que retomaban datos de la gestión de la entonces alcaldesa en Tecámac. Las publicaciones señalaban el sacrificio de miles de perros, acompañadas de cifras, críticas y cuestionamientos directos sobre su responsabilidad.
El punto de quiebre llegó cuando estas denuncias empezaron a amplificarse con cálculos sobre la frecuencia de los sacrificios, lo que facilitó su viralización y trasladó el tema de un nicho activista a la conversación pública general.
Ante la presión mediática, Mariela Gutiérrez reconoció el 15 de abril de 2026, en entrevistas y posicionamientos difundidos en medios nacionales, que durante su administración se implementaron estas acciones.
Lejos de negar los hechos, sostuvo que se trató de una estrategia institucional de control sanitario frente al crecimiento de la población canina en situación de calle.
Más de 10 mil perros sacrificados no es solo un dato: es una cifra que por sí misma instala el tema en la agenda pública, sobre todo cuando quien la reconoce hoy ocupa un cargo en el ámbito federal.
Desde su postura, la exalcaldesa ha defendido que estas medidas respondieron a riesgos asociados a la sobrepoblación canina, como la posible propagación de enfermedades y la falta de control en espacios urbanos.
Este enfoque ha sido utilizado históricamente por distintos gobiernos municipales, especialmente en contextos donde no existen suficientes recursos para implementar estrategias más amplias. En México, el sacrificio de animales está permitido en casos específicos, principalmente por razones de salud pública o cuando los animales presentan enfermedades graves o representan un riesgo; la NOM-033-SAG/ZOO-2014 establece que debe realizarse bajo criterios de trato digno y sin sufrimiento innecesario, mientras que otras leyes priorizan alternativas como la esterilización y la adopción.
En ese contexto, la justificación de la senadora entra en cuestionamiento: Tecámac es un municipio con crecimiento urbano sostenido y niveles de marginación medios, no ubicados entre los más altos del Estado de México, lo que ha alimentado dudas sobre la ausencia de estrategias complementarias.
La respuesta pública no tardó en llegar. Activistas y organizaciones de protección animal cuestionaron tanto la cifra como el modelo aplicado.
Entre los principales señalamientos está la ausencia de políticas complementarias, como campañas masivas de esterilización, adopción o educación sobre tenencia responsable.
Además, la frecuencia con la que se habrían realizado los sacrificios reforzó la percepción de una práctica constante, más que de una medida excepcional.
Un problema que va más allá del caso
Aunque el tema se ha centrado en la figura de la senadora, el fondo apunta a un problema estructural: la manera en que los municipios enfrentan la sobrepoblación de animales en situación de calle.
En distintas regiones del país, el sacrificio sigue siendo una práctica vigente ante la falta de infraestructura o políticas integrales, lo que contrasta con una sociedad cada vez más sensible al bienestar animal.
