Por Miroslava Sánchez
Puebla enfrenta una crisis hídrica, tanto de desabasto, sobreexplotación de pozos y altos costos para las familias y campesinos.
Desde hace más de una década, el servicio de agua potable está concesionario a la empresa Agua de Puebla, bajo la figura de Concesiones Integrales, cuestionada por diversas irregularidades. Ha sido acusada de aplicar sobrecostes en los recibos, privilegiar al suministro a desarrollos inmobiliarios y dejar en el olvido a las familias poblanas.
¿Qué exigen?
Exigen a la CONAGUA que detengan el “saqueo de recurso hidráulico”, denuncian que la dependencia favorece a empresas privadas mediante concesiones que permiten la extracción masiva del vital líquido.
¿En dónde es el problema?
El problema no solo es en una comunidad. Se registran desacuerdos con el manejo del agua en Cholula, San Miguel Xoxtla, Juan C. Bonilla, Nealtican (pueblos y comunidades de la región cholulteca y de los volcanes)
Las comunidades denunciaron el uso irracional del agua por parte de empresas y tecnologías que alteran el ciclo de lluvias, afectando seriamente la vida rural y los ecosistemas. También exigieron castigo a los responsables de la devastación ambiental y la recuperación de los recursos hídricos.
¿Cuál fue el último hecho?
La pasada noche del 29 de octubre, integrantes de la comunidad de San Miguel Xoxtla, Puebla, denunciaron que un hombre armado los amenazó en el plantón que tiene. En el parque Pavigi. De acuerdo con testigos, el agresor llegó al plantón con una pistola desenfundada y apuntó hacia la carpa donde se encontraban los integrantes de la comunidad. Al resguardarse las personas dentro del quiosco central, el hombre huyó por el fondo del parque y se refugió junto a patrullas de la Policía Estatal que lo esperaban frente a la entrada principal. Ocho agentes armados con rifles permanecieron en el sitio sin intervenir.
El intento de asesinato del pasado 29 de octubre iba dirigido a Pascual Bermúdez Chantes, quien es el activista y líder del movimiento de defensores de la tierra y el agua en Puebla, quien en menos de 6 meses ha sido censurado, vigilado y violentado.
En Julio fue denunciado penalmente junto a Renato Romero Camacho (activista), por la empresa concesiones Integrales “Agua de Puebla para Todos”. Fueron declarados inocentes debido a la fuerte presión nacional e internacional que evidenció irregularidades en el proceso.
Más tarde, en ese mes, fueron señalados por CAPUFE del delito de ataque a vías de comunicación.
En septiembre los vincularon al proceso de nuevo, pese a que la defensa desestimó todas las pruebas presentadas.
En octubre, la BUAP canceló el evento en el que Bermúdez iba a participar. La institución se justificó diciendo que lo acusaban de incitar a la violencia y que representaba un
peligro para los estudiantes.
