De universidad “popular” a organismo del Estado
La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) atraviesa uno de los momentos más complejos desde su fundación en 2012. En menos de una semana, pasó de ser una institución con autonomía operativa cuestionada a quedar formalmente bajo control del Estado, en medio de denuncias por despidos, falta de pago a trabajadores administrativos y una suspensión indefinida de servicios administrativos.
El proceso, presentado oficialmente como una transición administrativa para “mejorar la calidad de los servicios”, ha generado incertidumbre entre trabajadores, docentes y estudiantes, y ha abierto un debate sobre el alcance real de la intervención estatal y sus consecuencias inmediatas.
El punto de quiebre: la reforma aprobada por el Congreso
El 12 de enero de 2026, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó una reforma a la Ley de la UPAV, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle García. Con esta modificación, la universidad quedó reconocida como una Institución Pública de Educación con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
El objetivo oficial de la reforma fue ordenar la gestión financiera, regular el uso de los recursos y dar certeza laboral a docentes y alumnos, luego de años de denuncias por irregularidades administrativas, corrupción y retrasos en pagos a asesores solidarios y profesores.
Con la reforma, todos los ingresos y derechos de la UPAV deberán ser recaudados a través de mecanismos administrativos por la Oficina Virtual de Hacienda, en lugar de canales propios.
Además, el rector queda obligado a reportar cualquier malversación de recursos, elaborar un proyecto de presupuesto anual y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno. Los bienes muebles e inmuebles de la UPAV se convierten en propiedad pública del Estado, confiscables y sin prescripción.
Estos cambios marcaron la ruta para los acontecimientos que siguieron en los días posteriores.
Días inhábiles y suspensión administrativa
Cuatro días después, el 16 de enero, la UPAV anunció la aplicación de días inhábiles “hasta nuevo aviso” para los procesos de atención al público en su área administrativa. El comunicado, firmado por el rector Rodolfo Torres Velázquez y fechado el 15 de enero, informó que la universidad entraba en un periodo de transición derivado de los cambios normativos y estructurales establecidos en el Decreto número 496.
El documento señala que la medida busca dar paso a la normatividad interior necesaria para la debida organización y funcionamiento de la institución, y aclara que no se suspenden las actividades académicas, a menos que Protección Civil lo indique.
Los días inhábiles solo se aplican a las oficinas centrales, ubicadas en la avenida 20 de Noviembre número 256, en Xalapa.
Lo que no dijo el comunicado: despidos, protestas y crisis laboral
Mientras el comunicado hablaba de una suspensión administrativa temporal, los empleados administrativos denunciaron que la medida resultó en despidos masivos sin previo aviso ni pago de salarios.
De acuerdo con testimonios, cerca de 200 trabajadores —algunos con contratos vigentes desde 2005 y otros incorporados en 2025— fueron citados a una reunión informativa el viernes 16 de enero a las 10:00 horas, en la Cafetería Solidaria de la Torre UPAV 20/20. La convocatoria se realizó mediante el oficio UPAV/RECTORÍA/0016/2026, firmado por el propio rector.
En la reunión, se les informó que la universidad no contaba con recursos para cubrir sus salarios y que los procesos administrativos quedaban suspendidos indefinidamente. Para muchos de los asistentes, el anuncio fue interpretado como un despido encubierto.
Después de la reunión, varios trabajadores se negaron a salir de las instalaciones por miedo a que se les levantara un acta administrativa. Posteriormente, personal directivo ordenó el cierre de las oficinas: se apagaron las luces, se bajaron las cortinas del edificio y se puso un comunicado oficial en los accesos para informar a los usuarios sobre la suspensión de actividades.
Antes del cierre, a los empleados se les pidió realizar un proceso de entrega-recepción de bienes y documentos bajo su resguardo, lo que reforzó la percepción de que ese día era el último de su relación laboral.
Hasta ese momento, los trabajadores no habían recibido el pago de la quincena correspondiente, situación que incremento la preocupación y llevó a calificar la medida como un despido injustificado y sin garantías laborales.
Incertidumbre y posibles protestas
Los trabajadores administrativos señalaron que se les indicó esperar a la emisión de una nueva normatividad para definir si serán recontratados, sin que exista una fecha clara ni certeza sobre su situación laboral.
Ante este escenario, hicieron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle para que intervenga, especialmente ahora que la UPAV quedó sectorizada a la SEV, lo que otorga al rector facultades de control, coordinación y evaluación del desempeño institucional.
También advirtieron que podrían realizar manifestaciones, incluyendo una protesta en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno, para visibilizar su situación y exigir el pago inmediato de los salarios adeudados.
Un historial de irregularidades
La crisis actual no surge en el vacío. Desde su creación en 2012, la UPAV ha sido señalada por presuntas irregularidades durante al menos cuatro administraciones estatales destacando el presunto desvío de más de 105 millones de pesos provenientes de cuotas estudiantiles, falta de sanciones a responsables y adeudos históricos con docentes.
A pesar de la detención de exfuncionarios y exrectores, los problemas estructurales no se resolvieron, y los sectores más vulnerables —alumnos, maestros y personal administrativo— han sido quienes han resentido directamente las consecuencias.
La transición bajo la lupa
Durante el debate legislativo que dio origen a la reforma, legisladores de Morena y aliados aseguraron que se respetarían los derechos laborales del personal y la antigüedad de los docentes. Sin embargo, a pocos días de la aprobación, los hechos han puesto esas promesas bajo escrutinio.
Mientras el gobierno estatal sostiene que la intervención tiene como objetivo rescatar y ordenar a la UPAV, trabajadores y docentes denuncian que la transición ha derivado en suspensión de actividades administrativas, incertidumbre laboral y falta de pagos.
¿Qué sigue?
Hasta ahora, la UPAV continúa sus actividades académicas, pero la administración enfrenta múltiples frentes: demandas de trabajadores por sus salarios y derechos laborales; protestas de docentes por pagos retenidos o estructuras inexistentes; y la necesidad de implementar una nueva normativa interna y mecanismos de control presupuestal que debieran estar listos en los próximos meses, según la reforma aprobada.
Mientras tanto, la comunidad educativa, trabajadores y autoridades observan de cerca cómo se desarrollará el proceso de transición institucional, y si será capaz de resolver los desafíos administrativos y financieros que han colocado a la UPAV en una situación de alta tensión.
