La paradoja legislativa: cuando aprobar sí fue posible, pero decidir no fue constante
El análisis conjunto de ambas agendas legislativas de 2025 —la de las iniciativas dictaminadas y las que permanecen “en estudio”— revela una contradicción institucional profunda en el Congreso del Estado de Veracruz. No se trata de un Poder Legislativo inactivo ni carente de capacidad técnica; por el contrario, 2025 demostró que el Congreso sí puede legislar con rapidez, consenso y profundidad estructural cuando existen condiciones políticas claras. Al mismo tiempo, el año cerró con decenas de iniciativas socialmente urgentes detenidas, sin dictamen, sin debate público y sin resolución.
La diferencia entre unas y otras no radica en la calidad jurídica, la viabilidad presupuestal ni la alineación con estándares nacionales o internacionales. La diferencia es política.
El Congreso que sí decidió: reformas estructurales con control del proceso
Entre enero y agosto de 2025, el Congreso operó con una lógica de bloques legislativos compactos, impulsados principalmente por Morena y el Ejecutivo estatal. La reforma constitucional al Poder Judicial, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la reconfiguración del sistema electoral judicial, la legislación en violencia vicaria, identidad de género, fiscalización digital, obras públicas y seguridad pública siguieron un patrón común:
- Iniciativas concentradas en temas estratégicos.
- Dictámenes emitidos en semanas, no meses.
- Votaciones amplias, muchas por unanimidad o con oposiciones acotadas.
- Coordinación entre Ejecutivo, mayoría legislativa y comisiones clave.
Esto demuestra que el Congreso no está estructuralmente impedido para legislar. Cuando existe prioridad política, el proceso fluye.
El Congreso que postergó: cuando legislar se volvió una acción simbólica
En contraste, entre octubre y diciembre de 2025 se acumuló un segundo bloque de iniciativas que, aunque jurídicamente sólidas y socialmente pertinentes, quedaron atrapadas en el estatus administrativo de “en estudio”. Ninguna fue dictaminada. Ninguna fue rechazada. Ninguna fue debatida públicamente.
El contraste es revelador: no es saturación, es selectividad
El argumento de la “sobrecarga legislativa” no se sostiene frente a los hechos. El mismo Congreso que:
- Reformó la Constitución en múltiples ocasiones,
- Expidió leyes completas de nueva creación,
- Aprobó el Presupuesto de Egresos 2026 por más de 177 mil millones de pesos,
Optó por no resolver iniciativas que afectan directamente la vida cotidiana de la ciudadanía: seguridad inmediata, violencia contra mujeres, derechos de infancias, actuación policial, salud mental y capacidades municipales.
La selectividad es evidente:
- Las reformas estructurales de poder y control institucional avanzaron.
- Las reformas de protección ciudadana directa y corresponsabilidad estatal se congelaron.
El costo institucional del “en estudio”
Mantener iniciativas indefinidamente en comisiones no es neutral. Tiene efectos reales:
- Debilita la rendición de cuentas, porque no obliga a las fuerzas políticas a fijar posición.
- Convierte la iniciativa en un acto performativo, útil para el posicionamiento, no para la solución.
- Desgasta la confianza ciudadana, al evidenciar que el Congreso reconoce los problemas, pero evita decidir sobre ellos.
- Rompe la coherencia legislativa, ya que muchas de estas iniciativas complementan reformas ya aprobadas (seguridad, derechos humanos, bienestar animal).
Una mayoría que aprueba… y también puede bloquear
Un elemento clave del análisis es que muchas de las iniciativas congeladas fueron presentadas por Morena, el mismo grupo parlamentario que encabezó la mayoría de las reformas aprobadas del año. Esto desmonta la idea de que la parálisis sea producto de la oposición o de la falta de votos. Lo que se observa es un problema de gestión parlamentaria y priorización política, no de pluralidad ni de técnica legislativa.
2025 no fue un año fallido, pero sí incompleto
El Congreso de Veracruz en 2025 demostró capacidad legislativa, pero también evidenció una lógica de decisión desigual. La coexistencia de un Congreso altamente productivo y otro profundamente inmóvil no es una contradicción accidental: es el reflejo de una institución que legisla cuando quiere, no necesariamente cuando debe.
El verdadero reto para 2026 no será presentar nuevas iniciativas —el archivo ya está lleno—, sino resolver las existentes. Dictaminar implica asumir costos políticos; archivarlas indefinidamente traslada el costo a la ciudadanía.
Si no se rompe esta lógica, el riesgo es claro: Veracruz puede acumular reformas históricas en el papel mientras posterga, una y otra vez, las decisiones que más impactan la vida diaria de su población.
Y usted, lector, que observa estas decisiones desde fuera pero vive sus consecuencias todos los días, ¿considera aceptable que un Congreso legisle solo cuando le resulta cómodo, o cree que ya es momento de exigir que las iniciativas pendientes se traduzcan en acciones reales?
