Muchas iniciativas, poca decisión: un Congreso activo en forma, pasivo en resultados

El Congreso del Estado de Veracruz cerró 2025 con una paradoja que no puede explicarse únicamente por la pluralidad política ni por la complejidad de los temas en agenda. Por un lado, el año registró una intensa actividad normativa, con reformas estructurales aprobadas en materias clave como justicia, organización del poder público, fiscalización y derechos humanos. Por otro, una parte significativa de las iniciativas presentadas —particularmente durante el último trimestre del año— permanece atrapada en un estatus administrativo que se ha vuelto habitual: “en estudio”.

Entre enero y diciembre, diputadas, diputados, ayuntamientos y grupos parlamentarios presentaron decenas de iniciativas que abarcan prácticamente todos los ámbitos de la vida pública: seguridad, justicia, género, educación, salud, derechos humanos, administración pública, municipios, medio ambiente, turismo y desarrollo rural. Sin embargo, al concluir el año, la mayoría de estas propuestas permanece con un mismo estatus administrativo: “en estudio”, turnadas a comisiones permanentes que no han emitido dictamen, ni en sentido aprobatorio ni negativo. Este patrón no es anecdótico: es estructural y revela una forma de funcionamiento legislativo donde la presentación de iniciativas opera como sustituto simbólico de la toma de decisiones, y donde el dictamen —el acto central de legislar— se posterga sin explicación pública, sin plazos definidos y sin rendición de cuentas sobre los criterios de priorización.

Seguridad pública y justicia penal: reformas urgentes atrapadas en la inercia

Entre octubre y diciembre de 2025 se concentró un bloque particularmente sensible de iniciativas en materia de seguridad y justicia, en un contexto estatal marcado por violencia, desconfianza institucional y exigencias ciudadanas de rendición de cuentas.

El 28 de octubre, se presentó una reforma a la Ley de Protección Civil para redefinir el concepto de alerta temprana, obligar a actualizar anualmente los Atlas de Riesgo municipales y otorgar exenciones fiscales a personas afectadas por desastres. La iniciativa reconoce una falla estructural en la gestión del riesgo: la prevención suele quedar subordinada a la reacción. A pesar de su carácter técnico y preventivo, la propuesta no ha sido dictaminada.

Días después, el 6 de noviembre, se propusieron reformas al Código Penal para incorporar el delito de sumisión química como agravante en delitos sexuales, reconociendo una práctica documentada en investigaciones judiciales y médicas, pero históricamente invisibilizada en la legislación local.

Ese mismo día se presentó una iniciativa para tipificar de manera más amplia el ciberacoso, incluyendo el uso de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial, y otra para regular la circulación de vehículos de emergencia, obligando a los conductores a no obstruir su paso. Todas fueron turnadas a comisiones sin que exista, hasta ahora, un avance sustantivo.

El 13 de noviembre, el PAN presentó una de las iniciativas más relevantes del año en términos de control democrático del poder: el reconocimiento expreso del derecho ciudadano a videograbar las intervenciones policiales. La propuesta, turnada a tres comisiones unidas, busca fortalecer la transparencia y prevenir abusos de autoridad, una demanda recurrente de organismos de derechos humanos. Su congelamiento resulta especialmente significativo, no por su complejidad jurídica, sino por lo que implica políticamente: regular la actuación policial desde la óptica de la transparencia.

El 3 de diciembre, el mismo grupo parlamentario propuso elevar la seguridad pública a la categoría de derecho fundamental en la Constitución local, mientras que Morena impulsó una reforma integral en materia de abuso sexual, alineada con un Plan Integral Contra el Abuso Sexual. Ambas propuestas siguen detenidas.

El mensaje institucional es claro: la crisis de seguridad es reconocida discursivamente, pero no traducida en decisiones normativas concretas.

Violencia de género y derechos de las mujeres: consenso retórico, parálisis normativa

La agenda de género fue una de las más prolíficas del último trimestre de 2025 , aunque también una de las más estancadas en términos de resultados. El 28 de octubre se presentó una reforma para fortalecer la defensoría pública mediante capacitación obligatoria en igualdad sustantiva. El 20 de noviembre, Morena impulsó una reforma integral en materia de abuso sexual, mientras que el Partido del Trabajo promovió ajustes legales para reforzar la atención institucional a las víctimas.

El 3 de diciembre, se presentó una de las propuestas más ambiciosas del año: la creación del Protocolo Inmediato de Respuesta Integral para Mujeres en Riesgo, que obligaría a actuar de manera coordinada y en tiempo real a policías, fiscalías, servicios de salud y DIF, eliminando tiempos muertos y trámites burocráticos.

La evidencia empírica sobre la violencia feminicida en Veracruz es contundente. También lo es el consenso público en torno a la necesidad de actuar. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ha sido dictaminada. El Congreso sostiene el discurso de igualdad, pero posterga indefinidamente las herramientas legales para materializarlo, profundizando la brecha entre reconocimiento normativo y protección efectiva.

Educación, infancias y salud mental: derechos reconocidos, no garantizados

Entre finales de octubre y diciembre se presentó un conjunto amplio de iniciativas en materia educativa y social. El 6 de noviembre, el PVEM propuso integrar el desarrollo sostenible y el bienestar animal como ejes obligatorios del sistema educativo. Ese mismo día se planteó fortalecer la atención a migrantes desde el ámbito municipal.

El 13 de noviembre, Morena presentó una iniciativa para establecer licencias menstruales para estudiantes, mientras que Movimiento Ciudadano propuso reconocer la salud mental como un derecho humano en la Constitución local. El 20 de noviembre, se planteó obligar al Estado a presupuestar desayunos escolares para combatir la desnutrición infantil.

Todas estas iniciativas comparten un rasgo: responden a problemas reales, documentados y alineados con estándares nacionales e internacionales, pero ninguna ha sido dictaminada. El consenso discursivo no ha sido suficiente para superar la inercia institucional, aun cuando varias de estas propuestas no implican disputas ideológicas profundas ni impactos presupuestales inmediatos.

Municipios y administración pública: reformas técnicas que tampoco avanzan

En el mismo periodo, se acumularon reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre para atender temas como la regularización de planteles educativos sin escrituras (23 de octubre), la creación de casas de día para adultos mayores (28 de octubre), el fortalecimiento del catastro municipal (28 de octubre), la protección y bienestar animal (13 de noviembre) y la atención a personas con TEA (3 de diciembre).

Asimismo, ayuntamientos como Lerdo de Tejada y Cuitláhuac presentaron sus propios Códigos Hacendarios Municipales, mientras que otras iniciativas buscaron fortalecer la contratación pública y la vigilancia del gasto.

El hecho de que reformas técnicas, administrativas y de origen municipal queden igualmente congeladas confirma que el problema no es el tema ni la filiación política del promovente, sino el funcionamiento del proceso legislativo en su fase de dictaminación.

Medio ambiente, turismo y desarrollo rural: agenda 2030, ritmo del siglo pasado

Entre octubre y diciembre se presentaron iniciativas para impulsar el agroturismo, el turismo indígena, crear un registro estatal de personas sancionadas por maltrato animal, fortalecer atribuciones municipales en protección animal y adecuar la Ley de Turismo a reformas recientes del Poder Ejecutivo.

Aunque estas propuestas están alineadas con compromisos internacionales, reformas constitucionales y políticas públicas vigentes, su análisis se diluye en comisiones múltiples, prolongando su estancia en el limbo legislativo.

El problema no es la falta de ideas, sino la falta de decisiones

El cúmulo de iniciativas presentadas en el último trimestre de 2025 no refleja un Congreso improductivo, sino un Congreso saturado, desarticulado y políticamente selectivo. La capacidad de aprobar reformas existe —como lo demuestra la intensa actividad normativa registrada durante el año—, pero esa capacidad no se distribuye de manera homogénea ni responde necesariamente a la urgencia social de los temas. La presentación de iniciativas se ha convertido en un mecanismo de posicionamiento político, mientras que el dictamen se reserva para agendas previamente priorizadas desde las cúpulas parlamentarias.

Incluso Morena, como fuerza mayoritaria y principal promovente de varias propuestas, no ha logrado convertir volumen en resultados, lo que apunta a un problema de gestión parlamentaria que de pluralidad o bloqueo opositor.

2026: ¿legislar o seguir archivando?

Veracruz cerró 2025 con una agenda legislativa extensa, socialmente pertinente y jurídicamente viable, pero institucionalmente inmóvil en una parte sustancial de sus propuestas. El reto para 2026 no será presentar más iniciativas, sino resolver las que ya existen, transparentar los criterios de dictaminación y asumir el costo político de decidir.

De lo contrario, el Congreso seguirá acumulando expedientes mientras la ciudadanía acumula problemas sin respuesta legal. Y el “en estudio” dejará de ser una etapa del proceso legislativo para consolidarse como una forma silenciosa de negación institucional.

Ahora, lector, la pregunta es directa y necesaria: desde tu perspectiva como ciudadano, ¿prefieres un Congreso que presume productividad en números o uno que asume la responsabilidad de decidir, aunque eso implique costos políticos?