El Gobierno de México investiga la viabilidad de utilizar fracturación hidráulica o fracking para extraer gas natural de yacimientos no convencionales, pero todavía no ha autorizado su aplicación, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum este 7 de agosto. Un grupo de científicos y especialistas analiza alternativas para reducir los impactos ambientales de esta técnica, incluida la posibilidad de utilizar agua salada en lugar de agua dulce. La mandataria explicó que el objetivo es determinar si México puede aprovechar sus reservas nacionales de gas con el menor impacto posible y reducir su dependencia energética del exterior.
¿Por qué el gobierno considera una técnica que durante años fue rechazada? Sheinbaum argumentó que se trata de un asunto de soberanía energética, debido a la elevada dependencia mexicana del gas proveniente del exterior. México consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales Pemex produce cerca de 2 mil 300 millones, mientras 6 mil 800 millones son importados; es decir, aproximadamente el 75 % del consumo nacional depende de las importaciones, principalmente de Estados Unidos. México, además, tiene potencial de gas no convencional en 11 estados, por lo que el gobierno estudia si parte de estos recursos puede aprovecharse bajo nuevas condiciones técnicas y ambientales.
La propuesta contempla estudiar el potencial de yacimientos de gas no convencional en distintas regiones del país, entre ellos los ubicados en las cuencas de Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Tampico-Misantla, que comprende zonas de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. El fracking permite extraer gas atrapado en formaciones rocosas mediante perforación e inyección a presión de agua, arena y otros componentes. Sheinbaum explicó que especialistas investigan alternativas para reducir el impacto ambiental de esta técnica, como utilizar agua salada en lugar de agua dulce; sin embargo, reiteró que los estudios continúan y todavía no se ha tomado una decisión sobre su aplicación en México.
El planteamiento provocó el rechazo de 32 organizaciones civiles y ambientales, encabezadas por la Alianza Mexicana contra el Fracking, que exigieron al Gobierno federal prohibir completamente esta práctica. Entre las firmantes se encuentran Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Fundar, CartoCrítica, Coahuila Sin Fracking, No Fracking Tamaulipas y Familia Pasta de Conchos, entre otras. Las organizaciones sostienen que no existe un fracking sustentable y advierten sobre riesgos de contaminación de agua y suelo, emisiones de metano, afectaciones a la salud y daños en comunidades cercanas a los proyectos. También cuestionaron el trabajo del comité de especialistas al considerar que el debate debería centrarse en determinar si la técnica debe utilizarse, y no únicamente en encontrar formas de reducir sus impactos.
La discusión representa un cambio respecto a la política seguida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó públicamente el uso del fracking. Sheinbaum, que también se había pronunciado contra esta técnica, sostiene ahora que las condiciones energéticas del país obligan a estudiar las alternativas disponibles, aunque insistió en que analizar su viabilidad no significa que su utilización ya esté autorizada. El resultado de las investigaciones técnicas y ambientales será determinante para definir si el Gobierno federal avanza o descarta finalmente la explotación de estos yacimientos.
