La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez de haber organizado una reunión con personas que se presentaron como supuestos representantes de Estados Unidos para grabarla y posteriormente filtrar fragmentos de la conversación. Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que aceptó el encuentro porque Bonilla le ofreció ayudarla con el tema de la revocación de su visa estadounidense y sostuvo que actuó «de buena fe». «Hoy queda claro para todos que fue una trampa», afirmó.

De acuerdo con la gobernadora, la reunión se llevó a cabo en diciembre de 2025, cuando Bonilla le presentó a personas que se identificaron como funcionarios o intermediarios estadounidenses. Marina del Pilar explicó que nunca verificó su identidad porque confió en su antecesor y sostuvo que el audio difundido corresponde únicamente a fragmentos editados y sacados de contexto. También adelantó que analiza emprender acciones legales por la grabación y difusión de la conversación.

Horas después, Jaime Bonilla rechazó las acusaciones y aseguró que nunca participó en reuniones con autoridades estadounidenses ni en la filtración de las grabaciones. En un comunicado calificó de «ilógico» que la gobernadora lo responsabilice de esos hechos y afirmó que Marina del Pilar enfrenta una «crisis de pánico» por las investigaciones que, según él, realizan autoridades estadounidenses. Asimismo, sostuvo que corresponde a la mandataria explicar el contenido de los audios y las circunstancias en las que se desarrolló la reunión.

La confrontación se intensificó después de que se difundieran audios de una conversación en la que presuntamente participa la gobernadora con personas que se presentan como intermediarios estadounidenses. En las grabaciones se aborda, entre otros temas, la revocación de su visa y distintos escenarios relacionados con la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Marina del Pilar reconoció que la conversación corresponde a una reunión en la que estuvo presente, pero sostiene que el material fue editado y difundido de manera parcial, por lo que rechaza las interpretaciones derivadas de su contenido.

El caso también generó reacciones políticas. Legisladores y dirigentes de oposición solicitaron que Marina del Pilar se separe del cargo para facilitar las investigaciones, mientras que Morena denunció la existencia de una campaña de desprestigio en contra de la gobernadora. La controversia permanece abierta y continúa desarrollándose tanto en el ámbito político como en el jurídico, en espera de que las autoridades esclarezcan el origen de las grabaciones y las circunstancias en que fueron obtenidas.