Radiografia de un año legislativo activo, pero sin dictámenes
Durante 2025, el Congreso de la Ciudad de México vivió una de las etapas de mayor hiperactividad legislativa de su historia reciente. A lo largo del primer semestre —y con continuidad clara durante el verano— se presentaron cientos de iniciativas orientadas a tipificar nuevos delitos, reformar marcos constitucionales, actualizar políticas públicas y atender problemáticas emergentes en materia de derechos humanos, salud, medio ambiente, seguridad y gobernanza. Sin embargo, pese a la amplitud temática y la reiterada urgencia de los asuntos abordados, la gran mayoría de estas propuestas compartió un mismo destino: el turno prolongado a comisiones sin dictamen ni resolución definitiva.
Enero y febrero: el inicio del embotellamiento institucional
El año arrancó con una producción legislativa acelerada, particularmente enfocada en digitalización administrativa, salud mental y modernización normativa. No obstante, para febrero el Congreso ya mostraba señales claras de parálisis operativa. Jornadas con más de 25 iniciativas presentadas en un solo día evidenciaron una saturación institucional creciente, en la que el volumen de propuestas comenzó a rebasar la capacidad técnica de análisis de asesores y legisladores.
Marzo: expansión temática y respuestas a crisis emergentes
Durante marzo, las iniciativas adquirieron mayor especificidad y complejidad. El 13 de marzo, la agenda se concentró en justicia y género, con propuestas para penalizar el uso de inteligencia artificial en extorsiones, crear juzgados especializados para mujeres y permitir que refugios para víctimas de violencia aceptaran animales de compañía.
El 20 de marzo, la atención se desplazó hacia la salud y la economía, con iniciativas para la venta obligatoria de alimentos para personas con diabetes, la gratuidad de quimioterapias para mujeres y diversos incentivos laborales dirigidos a jóvenes universitarios y emprendedoras.
El cierre del mes fue particularmente intenso. El 25 de marzo se presentaron sanciones por tala ilegal en obras privadas y propuestas para castigar el despojo de agua. Dos días después, el 27 de marzo, se discutieron temas de alto impacto como la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, la hidratación gratuita en eventos masivos y la portación legal de gas pimienta para la defensa personal de las mujeres.
Abril: hiperproducción sostenida y dispersión normativa
Lejos de corregirse, en abril el Congreso profundizó la lógica de hiperproducción de iniciativas, lo que empezó a generar dispersión temática y falta de seguimiento. El 10 de abril se presentaron reformas técnicas al Código Civil, relacionadas con obligaciones familiares y patrimoniales; ninguna fue dictaminada.
El 22 de abril fue uno de los días más cargados del mes: se propusieron cambios en salud comunitaria (programa Salud Cerca de Ti), derechos laborales a nivel federal, finanzas de las alcaldías, atención a personas migrantes, ligas deportivas barriales, coordinación metropolitana, reformas penales y civiles, y una actualización integral de la Ley de Residuos Sólidos. Todo fue turnado a comisión sin resolución.
La saturación se agravó el 23 de abril, cuando en una sola sesión se presentaron iniciativas en justicia penal, salud mental, fiscalidad, discapacidad, cuidados y derechos sociales. Destacaron propuestas para sancionar abusos cometidos por paseadores de perros, endurecer penas por ocupación ilegal de inmuebles, castigar con mayor severidad el reclutamiento de menores por el crimen organizado y reformar el Código Penal Federal y la Constitución para incluir el delito de despojo como prisión preventiva oficiosa.
El mes cerró el 28 y 29 de abril con iniciativas en vivienda, medio ambiente, movilidad, protección animal, justicia patrimonial, consumo de sustancias, reformas internas del Congreso y el reconocimiento constitucional del trabajo de cuidados bajo el principio Cuidar es Cooperar. Varias propuestas aparecieron duplicadas, evidenciando fallas en el registro legislativo.
Mayo: acumulación sin salida y profundización del rezago
Mayo confirmó que el modelo no solo continuaba, sino que se profundizaba. El 15 de mayo se presentaron reformas sobre diversidad sexual, neurodesarrollo infantil, seguridad estructural, despojo de inmuebles contra personas mayores, movilidad, convivencia escolar sin violencia y cambios al Código Civil. Ninguna avanzó.
El 18 de mayo, el Ejecutivo local propuso sancionar la administración de sustancias sin consentimiento; también quedó sin dictamen.
El 22 de mayo fue uno de los picos más altos del año: hubo iniciativas en seguridad ciudadana, cultura cívica, sumisión química, transparencia en alcaldías, plataformas de transporte, derechos de la primera infancia, residuos, violencia digital con IA, emprendimiento y turismo.
Los días 27 y 29 de mayo se sumaron propuestas sobre vivienda social, salud masculina, identidad de género, sicariato, educación sexual, maltrato animal, igualdad laboral, derechos de médicos residentes y salud mental. Todas quedaron en estatus de presentación.
Junio y julio: inercia legislativa y normalización del estancamiento
Durante junio se mantuvo el rezago con reformas constitucionales, penales y administrativas en planeación, movilidad, salud, austeridad, defensoría pública y residuos tecnológicos, todas turnadas a comisión.
Julio continuó la inercia con reformas en propaganda electoral, violencia de género, huachicol del agua, ordenamiento territorial, vapeadores, auditoría, memoria trans, protección civil, bienestar animal, movilidad y participación ciudadana, reforzando el carácter simbólico de muchas propuestas.
Agosto y septiembre: saturación crítica y colapso operativo
En el tramo final del verano, la acumulación legislativa alcanzó niveles críticos. Agosto mantuvo la inercia del el estancamiento con propuestas en desarrollo urbano, seguridad, extorsión, fortalecimiento del Poder Judicial, comercio popular y simplificación administrativa interna del Congreso.
Septiembre marcó el punto máximo de saturación. El 9 de septiembre se presentaron iniciativas para sancionar la administración subrepticia de sustancias, reformar la Fiscalía General de Justicia, actualizar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, regular el uso de imagen institucional, expedir una Ley del Derecho al Cuidado y promover derechos del comercio en vía pública desde el ámbito federal.
El 11 de septiembre se añadieron reformas en propiedad en condominio, abandono de menores, movilidad eléctrica, vivienda social, protección animal, justicia penal, uso ético de la IA y trabajo digno. Todas quedaron “en turno”.
Entre el 18 y 22 de septiembre, el Congreso siguió acumulando propuestas en derechos de la naturaleza, inclusión laboral, transporte, accesibilidad, pobreza energética, espectáculos y estímulos deportivos, sin dictamen alguno.
La última semana fue crítica. El 23 de septiembre se presentaron, en una sola jornada, iniciativas para crear una Ley de Control de Ruido, reformar la Ley de Vivienda, promover empleo para la comunidad LGBTTTI, mejorar la transparencia notarial, expedir varias versiones de la Ley del Sistema de Cuidados, combatir la violencia digital con IA, fortalecer la justicia alternativa y realizar reconocimientos simbólicos.
El 25 y 30 de septiembre se añadieron reformas penales, educativas, de salud, cuidado, medio ambiente, y propuestas federales como la Ley Nicole, la nueva Ley de Personas Trabajadoras No Asalariadas y otra versión de la Ley del Sistema de Cuidados. Todas quedaron sin dictamen.
Octubre: desbordamiento estructural del proceso legislativo
Octubre confirmó que el problema era estructural. Entre el 2 y el 23 de octubre se presentaron iniciativas en salud, movilidad, cuidados, derechos de la infancia, personas mayores, medio ambiente, vivienda, justicia penal, participación ciudadana, alcaldías, seguridad pública, presupuesto participativo, violencia digital, energía, bienestar animal y coordinación metropolitana.
Destacaron propuestas para transporte gratuito a personas cuidadoras, eliminar IVA a productos de gestión menstrual, tipificar acecho y acoso virtual, regular espectáculos, proteger árboles patrimoniales, crear nuevas leyes de cuidados, reformar la Fiscalía, instalar videovigilancia en escuelas y reconocer derechos de personas cuidadoras no remuneradas. Ninguna logró avanzar hacia dictamen.
Noviembre: prolongación de la saturación y fragmentación normativa
Lejos de cerrar o depurar la agenda acumulada, noviembre extendió la lógica de hiperproducción legislativa. El 4 de noviembre se retomaron temas ya saturados: salud mental en escuelas, seguridad vial, reutilización de agua, protección animal, derecho al deporte, obesidad, memoria cultural, junto con reformas estructurales en Fiscalía, coordinación metropolitana, plataformas digitales, derechos de la naturaleza y fraude con IA.
El 6 de noviembre se añadieron iniciativas sobre abandono animal, salud mental infantil, inclusión laboral, Defensoría Pública Digital, arrendamiento solidario para mujeres víctimas, espacios de resguardo para menores y malversación de donativos.
El 13, 19 y 20 de noviembre se acumularon reformas penales, educativas, electorales, culturales, administrativas, fiscales y federales (incluyendo cambio climático como seguridad nacional y bienes digitales). Todas quedaron sin dictamen.
Diciembre: institucionalización de la hiperproducción
El 2 de diciembre, el Ejecutivo local presentó reformas al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica en materia de violencia de género, junto con ajustes presupuestales, participación ciudadana, seguridad en espectáculos, salud y discapacidad.
El 4 de diciembre fue uno de los días más saturados del mes: se presentaron iniciativas sobre abuso sexual contra mujeres con discapacidad, pornografía infantil, custodia de menores, impedimento de candidaturas por maltrato animal, educación inclusiva, deporte, vivienda para personas liberadas, derechos de personas mayores, participación ciudadana, evaluación de resultados legislativos, Parlamento Metropolitano, transparencia constitucional y propuestas federales laborales y de seguridad social.
Finalmente, el 9 de diciembre, el año cerró con dos iniciativas clave: la Ley para la Eliminación de Trámites Burocráticos, orientada a simplificar y digitalizar la administración pública, y una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano para ajustar la normativa de construcción y planeación urbana. Ambas iniciativas quedaron, nuevamente, en estatus de presentación.
El fenómeno de la “legislación de vitrina”
La cantidad de iniciativas presentadas a lo largo de 2025 muestra una tendencia clara a la hiperproducción legislativa que terminó por rebasar la capacidad operativa del Congreso de la Ciudad de México. La saturación administrativa, la dispersión de temas, la duplicidad de propuestas —muchas de ellas sobre los mismos asuntos y leyes—, la constante remisión de iniciativas al ámbito federal y la falta de mecanismos efectivos para priorizar el trabajo legislativo redujeron de forma significativa la capacidad de resolución del Congreso. El problema no fue la falta de ideas o de propuestas, sino una falla estructural para procesarlas, ordenarlas y convertirlas en decisiones normativas concretas, lo que llevó a que muchas iniciativas se quedaran en el plano simbólico, sin impacto real en la política pública.
La repetición de reformas en áreas clave como salud mental, cuidados, infancia, movilidad, medio ambiente, vivienda, justicia penal, género, transparencia, derechos digitales y participación ciudadana evidencia la ausencia de filtros reales de coordinación legislativa. En lugar de una agenda ordenada y estratégica, predominó una lógica de acumulación que privilegió la visibilidad política y la presentación de iniciativas por encima de su viabilidad, análisis técnico y posibilidad real de aprobación.
Del papel al dictamen: el cuello de botella del proceso legislativo
En el Congreso de la Ciudad de México, el tránsito de una iniciativa hacia el dictamen carece de plazos obligatorios y de mecanismos efectivos de control. Esto permite que las propuestas permanezcan meses —e incluso años— en comisiones sin una definición clara. El dictamen, que debería ser la etapa donde se evalúan la viabilidad jurídica, presupuestal y técnica de las iniciativas, dejó de funcionar como un filtro de calidad y se convirtió en un punto de estancamiento, donde el avance legislativo puede posponerse sin consecuencias institucionales.
Durante 2025, esta fase operó más como un amortiguador político que como un espacio de deliberación sustantiva. La falta de criterios públicos de priorización, la limitada capacidad técnica frente al volumen de iniciativas acumuladas y el manejo discrecional de los tiempos legislativos provocaron que muchas propuestas quedaran atrapadas en un limbo procesal. El problema, entonces, no fue únicamente cuántas iniciativas se presentaron, sino la ausencia de incentivos reales para resolverlas. El resultado fue un Congreso capaz de generar agenda, pero con serias dificultades para convertirla en normas vigentes, normalizando la inacción como parte de su funcionamiento cotidiano.
Conclusión: un futuro incierto para 2026
La agenda legislativa de 2025 fue una de las más amplias y ambiciosas en la historia reciente de la Ciudad de México, al abordar temas que van desde la seguridad y la justicia penal hasta los derechos laborales, ambientales, de cuidados, salud, educación, cultura, inclusión y gobernanza digital. Sin embargo, esta abundancia contrasta con un balance claramente negativo: al cierre del año, la mayoría de las iniciativas seguía sin dictamen, detenida en comisiones y sin efectos jurídicos concretos.
En este contexto, el Congreso capitalino funcionó más como una fábrica constante de propuestas que como un mecanismo eficaz para resolver problemas públicos. Si no se revisan y corrigen los procesos internos de gestión, dictaminación y priorización, 2026 corre el riesgo de repetir —e incluso profundizar— este mismo modelo de hiperproducción sin resultados.
Y usted, como ciudadano y lector de esta realidad legislativa, ¿considera que el Congreso debería concentrarse en presentar menos iniciativas y priorizar su dictaminación, o cree que este ritmo legislativo sigue siendo necesario para atender la complejidad de la ciudad?
