La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene la clausura temporal de la alcoholera de Nopaltepec, identificada como Complejo Agroindustrial de Santander S.A. de R.L., por su presunta responsabilidad en la contaminación del río Limón y la mortandad de miles de peces, jaibas y otras especies en la cuenca del Papaloapan. La suspensión permanecerá vigente mientras concluyen las investigaciones ambientales y se determinan las sanciones correspondientes.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que existen elementos que apuntan a que las descargas provenientes de la empresa provocaron la contaminación en la región y adelantó que se aplicarán las sanciones previstas por la ley una vez que concluyan los estudios técnicos. La mandataria también señaló que el Gobierno estatal trabaja en coordinación con autoridades federales para atender la emergencia ambiental y apoyar a las comunidades afectadas.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) informó que el dictamen técnico sobre la mortandad de peces se dará a conocer una vez concluyan los análisis de laboratorio. Las primeras muestras han detectado la presencia de vinazas, un residuo industrial que disminuye el oxígeno en el agua y que es señalado como una de las posibles causas de la contaminación. El estudio también determinará el alcance del daño ecológico y las medidas de remediación que deberá implementar la empresa responsable.

El caso también generó reacciones en el Congreso de Veracruz. El diputado federal del PVEM, Javier Herrera Borunda, calificó la mortandad de peces como un “ecocidio” y advirtió que el impacto ambiental podría extenderse durante años, al recordar que la región ya enfrentó episodios similares en 2013 y 2018. Por su parte, la diputada local Roxana Barragán Hernández señaló que las primeras muestras apuntan al Complejo Agroindustrial de Santander por la presencia de vinazas, residuos industriales que reducen el oxígeno en el agua. Asimismo, legisladores del Partido Verde y Morena solicitaron que las investigaciones se extiendan a posibles descargas ilegales, se sancione a los responsables y se implementen apoyos para las familias de pescadores afectadas por la contingencia ambiental.