La dirigencia nacional de Morena se deslindó este miércoles 2 de septiembre de la polémica por el uso de vuelos privados de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, afirmó que Morena no comparte este tipo de acciones y sostuvo que corresponde a la mandataria explicar las circunstancias en las que realizó esos traslados, cuestionados por contradecir los principios de austeridad promovidos por el movimiento.
“Nosotros no vemos bien que estas cosas sucedan”
Al ser cuestionada sobre el caso, Montiel señaló: “En el caso de la gobernadora Mara Lezama, ella tendrá que explicar; creo que ha sacado un comunicado, pero evidentemente no compartimos estas acciones”. La dirigente nacional reiteró que los servidores públicos emanados de Morena deben conducirse bajo principios de austeridad y cercanía con la población: “Nosotros no vemos bien que estas cosas sucedan”. Sobre una eventual sanción partidista, indicó que correspondería a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) analizar el caso y determinar lo procedente.
Mara Lezama niega uso de recursos públicos
La controversia surgió tras publicaciones periodísticas sobre viajes realizados por Lezama y miembros de su familia mediante aeronaves privadas. La gobernadora reconoció haber utilizado servicios de aviación privada, pero rechazó que hayan sido financiados con recursos públicos y sostuvo que se trató de traslados familiares. “Jamás fueron solventados con dinero público”, aseguró. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, había señalado previamente que la gobernadora debía aclarar los viajes y explicar bajo qué circunstancias se realizaron. Hasta ahora, no se ha acreditado públicamente que los traslados señalados hayan sido pagados con recursos del erario.
Contratos abren otro frente de cuestionamientos
La polémica ocurre mientras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que dependencias del Gobierno de Quintana Roo y municipios de la entidad otorgaron contratos a compañías que mantienen vínculos corporativos (mediante socios, administradores, representantes o domicilios) con Tabasco Capital. Esta última aparece en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con la presunta facturación de combustible de procedencia ilícita dentro de una red de tráfico de hidrocarburos vinculada al empresario Raúl Rocha Cantú. Entre las empresas contratistas señaladas se encuentran Construindustrial y de Servicios SIMMA, Construservicios ESL y AF Instalaciones.
