La muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua reveló la existencia de un operativo conjunto en México que no había sido informado públicamente y que hoy es investigado por posibles violaciones a la ley. El hecho ocurrió tras un operativo contra laboratorios clandestinos en la sierra del estado, donde también murieron dos funcionarios mexicanos, lo que detonó cuestionamientos sobre la presencia de personal estadounidense en tareas de seguridad dentro del país.
De acuerdo con los reportes, el operativo se llevó a cabo en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde autoridades estatales participaron en la localización y desmantelamiento de al menos seis narcolaboratorios vinculados al crimen organizado. Tras estas acciones, un convoy en el que viajaban agentes mexicanos y estadounidenses sufrió un accidente en una zona montañosa, provocando la muerte de cuatro personas: dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos (identificados como agentes de la CIA) y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, entre ellos el director regional Pedro Román Oseguera Cervantes y el agente Manuel Genaro Méndez Montes.
Aunque la identidad completa de los agentes estadounidenses no ha sido confirmada oficialmente, medios internacionales señalan que formaban parte de tareas de inteligencia y cooperación antidrogas, en un contexto donde la participación de la CIA en América Latina ha incrementado. Versiones encontradas han marcado la investigación: mientras autoridades estatales aseguran que los agentes actuaban como instructores o en labores de capacitación, incluso en el uso de drones, otros reportes indican que regresaban directamente de un operativo antidrogas, lo que abriría la posibilidad de una participación más activa en campo.
El caso ha reavivado el debate legal sobre la presencia de agentes extranjeros en México. De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, la cooperación con gobiernos extranjeros está permitida, pero bajo condiciones estrictas: los agentes deben compartir información con autoridades mexicanas, no pueden ejercer funciones de autoridad ni participar directamente en operativos, y su actuación debe estar supervisada por instancias federales. Cualquier intervención fuera de estos lineamientos podría considerarse una violación a la soberanía nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los agentes colaboraban con autoridades estatales, pero subrayó que el Gobierno federal no tenía conocimiento previo del operativo. “No puede haber personal extranjero operando en campo en México”, afirmó, al tiempo que anunció una revisión para determinar si se violaron disposiciones legales. También señaló que ningún gobierno estatal puede establecer acuerdos directos con agencias extranjeras sin autorización federal.
A nivel local, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, sostuvo inicialmente que los agentes estadounidenses participaban en labores de entrenamiento y cooperación habitual, pero posteriormente matizó su versión ante la presión pública. Por su parte, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha sido señalado como una de las autoridades que dará seguimiento al caso, en un contexto donde se busca esclarecer si existió coordinación real entre niveles de gobierno o si el operativo se llevó a cabo sin los canales institucionales correspondientes.
El caso no solo dejó víctimas, sino que evidenció una zona gris en la cooperación bilateral en materia de seguridad. La falta de claridad sobre quién autorizó la presencia de los agentes, su nivel de participación y el cumplimiento de la ley ha abierto una investigación que podría redefinir los límites de la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
