La ministra Loretta Ortiz Ahlf se retiró y mostró su implante coclear durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del martes 18 de agosto, mientras defendía el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas antes de aprobar leyes que incidan directamente en sus derechos. El gesto ocurrió durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad 104/2022, promovida contra disposiciones de Tamaulipas que establecían una cuota laboral para personas con discapacidad, pero que fueron aprobadas sin consultar previamente a este sector.

El caso surgió a partir de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Código Municipal de Tamaulipas, que establecieron la obligación de reservar al menos 3% de los empleos públicos municipales para personas con discapacidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad al considerar que el Congreso estatal había omitido realizar una consulta previa, estrecha y con participación activa de las personas directamente involucradas. La SCJN determinó que esta omisión vulneró por sí misma sus derechos, incluso cuando las disposiciones tenían como propósito establecer medidas que pudieran resultar favorables para ellas.

¿Qué estaba resolviendo la Corte?

El caso surgió a partir de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Código Municipal de Tamaulipas, que establecieron la obligación de reservar al menos 3% de los empleos públicos municipales para personas con discapacidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad al considerar que el Congreso estatal había omitido realizar una consulta previa, estrecha y con participación activa de las personas directamente involucradas. La SCJN determinó que esta omisión vulneró por sí misma sus derechos, incluso cuando las disposiciones tenían como propósito establecer medidas que pudieran resultar favorables para ellas.

La Corte declaró la invalidez con efectos diferidos de las disposiciones que establecían la cuota laboral, con el objetivo de evitar que el beneficio desapareciera inmediatamente y permitir que el Congreso de Tamaulipas reponga el procedimiento legislativo realizando la consulta correspondiente. Durante el análisis del mismo asunto, el Pleno también consideró discriminatorio condicionar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público a requisitos adicionales de certificación de competencias. La resolución reafirmó que la consulta no es una simple formalidad legislativa, sino una garantía para que este sector participe efectivamente en las decisiones que le conciernen.

¿Por qué Loretta Ortiz se quitó el implante?

Durante el debate, Ortiz explicó que nació con sordera en el oído izquierdo y se retiró el dispositivo que utiliza con su implante coclear para ilustrar por qué considera que otras personas no pueden decidir qué resulta mejor para quienes viven con una discapacidad sin escucharlos previamente. “Las personas que escuchan con los dos oídos no se pueden poner en nuestros zapatos”, sostuvo. Su intervención tuvo repercusión en medios y redes sociales, pero también formó parte de una discusión más amplia dentro del Pleno: ministras como Yasmín Esquivel defendieron igualmente que una norma considerada benéfica por las autoridades no elimina la obligación de consultar a las personas directamente afectadas.

La decisión de la Corte implica que el Congreso de Tamaulipas deberá volver a revisar estas disposiciones, pero esta vez escuchando directamente a las personas con discapacidad antes de aprobarlas. Mientras se realiza ese proceso, la cuota de empleos no desaparecerá de inmediato, con el objetivo de evitar que quienes ya se benefician de ella resulten afectados. Con esta resolución, la SCJN dejó claro que aunque una ley busque beneficiar a las personas con discapacidad, las autoridades no pueden decidir por ellas sin tomar en cuenta previamente su opinión y necesidades.