La crisis de violencia que atraviesa Sinaloa escaló este lunes al Senado de la República. Integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados presentaron formalmente una solicitud de desaparición de poderes en la entidad, argumentando que las autoridades estatales han sido rebasadas por la inseguridad y la disputa criminal que golpea al estado desde hace meses.

La petición fue entregada el 2 de junio ante la Cámara Alta y está dirigida a la Comisión de Gobernación del Senado. De acuerdo con los promoventes, las condiciones actuales en Sinaloa encuadran en los supuestos establecidos por la Constitución para considerar la desaparición de poderes, al señalar una presunta incapacidad del gobierno estatal para garantizar gobernabilidad, seguridad y funcionamiento institucional.

Según reportes de El Sol de México, MVS Noticias e Infobae, los abogados señalaron que en Sinaloa existe un escenario de violencia sostenida, desapariciones, enfrentamientos armados, bloqueos y una creciente percepción de ausencia de autoridad en distintas regiones del estado.

La figura de desaparición de poderes está contemplada en el artículo 76 de la Constitución mexicana y permite al Senado declarar que los poderes constitucionales de una entidad federativa han dejado de funcionar de manera efectiva. En caso de aprobarse, el Senado tendría la facultad de nombrar un gobierno provisional mientras se convocan nuevas autoridades estatales.

Los promoventes sostuvieron que la situación de violencia se agravó tras la intensificación de conflictos entre grupos del crimen organizado en la entidad. Diversos medios nacionales han documentado durante los últimos meses jornadas de enfrentamientos armados, homicidios, ataques a comercios y cierres de actividades en municipios sinaloenses.

De acuerdo con Notisistema y Talla Política, la solicitud también acusa omisiones de las autoridades locales frente al deterioro de la seguridad pública y señala que la ciudadanía vive bajo un ambiente permanente de temor.

Hasta el momento, el Senado no ha informado si dará trámite inmediato a la petición ni si será turnada formalmente a comisiones para su análisis. Tampoco se ha confirmado una postura oficial del gobierno de Sinaloa respecto a esta nueva solicitud.