El Senado de la República aprobó este miércoles 30 de septiembre reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para actualizar delitos y sanciones relacionados con derechos de autor, propiedad industrial, piratería y falsificación. El proyecto, bautizado por legisladores de oposición como “Ley Antimemes”, fue avalado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra y posteriormente aprobado en lo particular con modificaciones, por lo que fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
¿Qué busca sancionar la reforma?
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal el 1 de junio de 2026 y plantea ampliar causales y actualizar sanciones por delitos contra los derechos de autor, derechos conexos y propiedad industrial. Uno de los puntos que concentró la discusión fue el artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, relacionado con el uso de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos, documentos y signos oficiales de instituciones públicas. Durante la discusión se modificó la propuesta original y se establecieron penas de uno a cinco años de prisión, además de multas, para determinadas conductas realizadas a escala comercial y destinadas a inducir al error o engaño para cometer un ilícito.
La reforma forma parte de un paquete más amplio que actualiza delitos y sanciones en materia de propiedad intelectual. Entre sus disposiciones se encuentran:
- Aumentar y actualizar sanciones por piratería, falsificación y violaciones a derechos de propiedad intelectual.
- Sancionar determinados usos fraudulentos de identidad gráfica, dominios electrónicos y documentos o signos oficiales de instituciones públicas.
- Incorporar el concepto de “escala comercial”, que incluye actividades realizadas para obtener un beneficio económico, pero también actos que causen un impacto perjudicial significativo al titular de derechos, aunque no exista una ganancia financiera.
- Actualizar disposiciones relacionadas con mercancías introducidas al país que se encuentren bajo control aduanero, incluso en tránsito, transbordo, zonas de libre comercio o depósito fiscal.
- Establecer excepciones para pequeñas cantidades de mercancías de naturaleza no comercial que formen parte del equipaje personal o de envíos de bajo valor y estén destinadas al uso o consumo personal.
¿Por qué la oposición la llama “Ley Antimemes”?
Legisladores de oposición cuestionaron principalmente el alcance de las nuevas disposiciones y argumentaron que conceptos como “identidad gráfica”, “imitar”, “signo oficial” y “escala comercial” podrían prestarse a interpretaciones que afecten contenidos como memes, parodias, sátira o caricatura política. La reforma no menciona ni prohíbe expresamente los memes, mientras que legisladores de la mayoría sostuvieron que las conductas sancionadas deben estar vinculadas con el engaño y la comisión de un ilícito y que el objetivo de las modificaciones es combatir infracciones en materia de propiedad intelectual. El expediente oficial establece que la iniciativa busca tipificar y sancionar conductas relacionadas con derechos de autor y propiedad industrial.
¿Qué sigue para la reforma?
La aprobación del Senado no significa que las modificaciones ya estén vigentes. El proyecto deberá ser analizado y votado por la Cámara de Diputados; si San Lázaro aprueba el texto enviado por los senadores, podrá continuar hacia el Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si los diputados realizan modificaciones, el proyecto deberá regresar al Senado para que éste se pronuncie sobre los cambios.
No es la única iniciativa llamada “Ley Antimemes”
Esta reforma se ha confundido con otro proyecto distinto que también ha sido denominado “Ley Antimemes” y que se tramita por separado en la Cámara de Diputados. Esa iniciativa reforma la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet: plantea que éstos cuenten con una política para terminar el servicio a infractores reincidentes y establece supuestos de responsabilidad por infracciones cometidas por usuarios cuando los proveedores incumplan las obligaciones previstas en la legislación. También fue presentada por el Ejecutivo el 1 de junio de 2026 y el 29 de septiembre fue avalada en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de San Lázaro con 18 votos a favor y seis en contra; todavía debe pasar por el Pleno de la Cámara de Diputados.
