Por Daviel Reyes González.- México se prepara para discutir cómo regular las redes sociales y la inteligencia artificial. El 30 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que iniciará un debate nacional para revisar el uso de estas plataformas tecnológicas. El proceso arrancará una vez finalizado el mundial, cuando la mañanera convocará a especialistas para discutir “la adicción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, frente a las plataformas y las redes sociales”. La discusión no partirá de cero, pues el Senado ya trabaja una ruta hacia un marco normativo sobre inteligencia artificial, y el pasado 30 de abril informó sobre una comisión y un plan nacional para fomentarla y regularla.

La conversación, planteó la presidenta, deberá abarcar tres cuestiones fundamentales:

Primero, ¿cuál es el efecto de las plataformas en la salud y en los hábitos de las nuevas generaciones?, ¿qué ocasiona la dependencia del teléfono?, ¿cuál es el papel de las escuelas y cómo atender la inquietud de madres y padres frente a un entorno digital? Sobre ese punto, adelantó una posible medida concreta: establecer límites nacionales al uso de celulares en planteles escolares. No es una acción aislada, la UNESCO ha documentado que las restricciones a smartphones en escuelas se han extendido en el mundo; en junio de 2023 menos de una cuarta parte de los países tenía prohibiciones y para inicios de 2025 la cifra subió a 40%.

La segunda cuestión es la inteligencia artificial. ¿Qué es, cómo se actualiza, y quién la controla?, ¿qué usos benéficos puede tener y qué precauciones deben tomarse frente a su desarrollo en México? Ahí entra el trabajo del Senado, ya que el marco normativo anunciado en abril, aseguran, hará énfasis en derechos, desarrollo tecnológico y uso responsable.

El tercer problema es el, a caso, más complejo: el poder de las plataformas. ¿Quién decide qué vemos, cómo funcionan los algoritmos y cuánta información pública queda organizada por empresas privadas? Se trata de una preocupación que, aseguró la mandataria, también aparece en la encíclica del Papa León XIV.

Pero el momento políticamente más revelador llegó cuando Sheinbaum se adelantó a sus críticos. “Para todos los comentócratas y todos los adversarios que nos están escuchando […] nada tiene que ver con la censura”, dijo, anticipando una acusación. La presidenta argumentó que México no puede permanecer al margen de un debate que otros países ya están enfrentando, e insistió en que se trata de un asunto “que tiene que ver con el derecho a la información pero también con el cuidado de la salud de todas y de todos y de acceso a información que no debería estar tan accesible”.

Ahí está el detalle.

Porque regular la inteligencia artificial no significa, por definición, censurar. Regular significa establecer responsabilidades, crear reglas mínimas para que una tecnología de enorme poder no opere como territorio sin ley. ¿Por qué, entonces, la presidenta necesitó aclarar, sin que nadie se lo preguntara, que la regulación avanzaría “sin caer en la censura”?

La frase importa menos por lo que niega que por lo que delata. Y, al escucharla, no puedo evitar pensar en el 1984 de Orwell. ¿Anunciarán luego un Ministerio de la Verdad? En la novela, la tarea del Ministerio consiste en reescribir periódicos, borrar documentos, corregir archivos, alterar fotografías, ajustar discursos pasados y hacer que la memoria pública coincida siempre con la conveniencia del Partido. Tareas que hoy, por cierto, son posibles todas gracias a la IA.

No hay duda que toda tecnología poderosa exige algún tipo de orden; pero no todo poder público está moral, técnica ni institucionalmente preparado para ordenar aquello que también podría usar en su beneficio, o salírsele de control, o ambas.

La encíclica Magnifica Humanitas, citada por Claudia, es muy útil para la reflexión. El Papa sostiene que la verdad es un bien común. No pertenece al Estado, ni a las plataformas, ni a los influencers, ni a los partidos, ni a la Iglesia. Asegura que verdad pública exige verificación, contraste de fuentes, responsabilidad argumentativa y confianza social. Sin ese suelo común, dice, la democracia se debilita. También asegura que cuando una sociedad deja de distinguir entre hechos y ficciones, entre verdad y falsedad, pierde la posibilidad de deliberar. Por eso, León XIV pide transparencia sobre los criterios que seleccionan y amplifican contenidos, protección de datos personales, fortalecimiento de organismos intermedios, periodismo serio, espacios de debate, educación mediática y formación universitaria capaz de verificar hechos y conectar saberes.

¿Estará la 4T dispuesta a dialogar con la idea de no ser dueños de la verdad?

Los antecedentes —la extinción del INAI, el caso Segalmex, las agresiones contra la prensa, las adjudicaciones directas, los casos del Mayo y el Chapo, Rocha Moya, Andy, el huachicol fiscal, la reforma al Poder Judicial, más todo lo que surja mientras escribo estas líneas— obligan al escepticismo.

¿México necesita discutir cómo regular la inteligencia artificial y las redes sociales? Sí.

¿Necesita leyes contra fraudes, deepfakes, violencia digital y abusos de plataformas que ya gobiernan buena parte de la conversación pública? Sí.

¿Puede un gobierno que ha hecho de la descalificación a la prensa, la opacidad institucional y la administración del relato una práctica cotidiana regular la hidra contemporánea de la inteligencia artificial?