México registró 169 periodistas asesinados entre 2006 y 2026, un promedio de ocho cada año, mientras que el 99 % de estos crímenes no ha sido esclarecido completamente, de acuerdo con un informe publicado el 20 de octubre por Reporteros Sin Fronteras (RSF). La organización identificó a Veracruz como el estado más peligroso para ejercer el periodismo, con al menos 32 comunicadores asesinados en dos décadas, y advirtió sobre la influencia del crimen organizado, la corrupción y las fallas institucionales que han permitido la continuidad de estos ataques.

Impunidad y violencia contra el periodismo local

De los 169 asesinatos documentados, en 168 no se ha logrado identificar al autor intelectual o esclarecer el móvil del crimen, aunque 21 casos registran avances judiciales parciales, principalmente contra los responsables materiales. RSF también señala que 166 víctimas, equivalentes al 98 %, ejercían el periodismo local; el 59 % cubría asuntos relacionados con el crimen organizado y el 46 %, temas políticos. La organización advierte que las redes criminales, la corrupción y las deficiencias en las investigaciones favorecen la persistencia de estos ataques.

Entre los principales hallazgos del informe destacan:

• 169 periodistas asesinados entre 2006 y 2026.
• 168 casos sin esclarecimiento completo del autor intelectual o del móvil.
• 166 víctimas dedicadas al periodismo local, el 98 % del total.
• 34 periodistas asesinados cuyos cuerpos presentaban señales de tortura.
• 43 periodistas desaparecidos durante el mismo periodo: 19 fueron localizados, 13 sin vida y seis con vida, mientras que 24 continúan desaparecidos.
• 15 % de los periodistas asesinados entre 2012 y 2026 contaba con medidas de protección.

Veracruz, el estado más peligroso para ejercer el periodismo

Veracruz encabeza los registros de RSF con al menos 32 periodistas asesinados desde 2006, además de concentrar 13 de los 34 casos nacionales en los que se identificaron señales de tortura. La entidad forma parte, junto con Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas, de los cinco estados que acumulan la mitad de los homicidios de comunicadores en México. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) advirtió a RSF que la presencia de grupos criminales y la fragilidad institucional han generado zonas de silencio, donde se condiciona la información que los medios pueden publicar.

«Los periodistas están atrapados en este ecosistema de gobernanza criminal del que les resulta muy difícil salir», señaló la CEAPP.

La comisión también advirtió que una parte importante de las amenazas contra periodistas proviene de autoridades locales. De acuerdo con el informe, estas condiciones afectan especialmente a quienes cubren seguridad pública y nota roja, y permiten que grupos criminales busquen controlar la información sobre sus actividades. Al 15 de junio de 2026, la CEAPP registraba 106 medidas de asistencia y protección en Veracruz, aunque reconocía limitaciones para intervenir en territorios bajo influencia criminal.

Tres periodistas asesinados en Veracruz durante 2026

La violencia contra la prensa continuó durante 2026. RSF contabiliza ocho periodistas asesinados en México hasta la publicación de su informe, todos dedicados a la cobertura local. En Veracruz, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que, hasta julio, se habían registrado tres víctimas:

• Carlos Leonardo Ramírez Castro: asesinado el 8 de enero en un establecimiento de comida en Poza Rica. Dirigía el portal Código Norte Veracruz.
• Luis Ángel López Valdez: asesinado a balazos el 11 de junio en Poza Rica. Era reportero de Vanguardia de Veracruz, había denunciado amenazas y contaba con medidas de protección.
• Roxana Berenice Guzmán Ramírez: fundadora y editora de Pulso Informativo del Sureste, privada de la libertad el 2 de junio. Su cuerpo fue localizado el 3 de julio en un predio entre Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.

En el caso de Roxana Guzmán, la CIDH informó que la Fiscalía veracruzana había ejecutado ocho órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados, entre ellos cuatro policías municipales señalados por posible apoyo logístico. La Relatoría pidió investigar exhaustivamente los asesinatos y fortalecer las medidas de protección para periodistas en riesgo.

RSF exige una respuesta nacional ante los asesinatos

Ante los resultados, Reporteros Sin Fronteras pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum implementar una respuesta nacional de emergencia, fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales, garantizar medidas de protección oportunas y perseguir tanto a los autores materiales como a quienes ordenan los crímenes. La organización también solicitó mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para corregir las fallas en las investigaciones. Según sus registros, 701 periodistas estaban incorporados al Mecanismo de Protección federal al 31 de agosto de 2026, pese a que RSF considera que el sistema continúa operando con deficiencias estructurales.