A dos días de que Roxana Berenice Guzmán fuera presuntamente privada de su libertad en su domicilio de Nanchital, Veracruz, las autoridades locales y estatales no han podido dar con su paradero.
Fue a través de un video documentado y compartido en redes, en el que se observa a dos hombres armados rompiendo una puerta para ingresar y sustraer a la periodista. Después de esto, no se supo nada más de ella.
En entrevista para medios locales, su padre, Fernando N., dijo que no les han informado sobre el paradero de su hija y que cada minuto crece su incertidumbre.
“Ellos no han dado nada (…) si está viva o muerta, no sabemos nada; yo, la verdad, me siento mal”.
Por su parte, la Fiscal General de Veracruz, Lisbeth Aurellia Jiménez, aseguró que la búsqueda por Roxana no ha parado.
La organización Comunicación de la Mujer (CIMAC) solicitó la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Esta solicitud resuena ahora más, pues tras su supuesta privación de la libertad, se dio a conocer que Roxana había solicitado apoyo institucional a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz en 2019, tras denunciar acoso por parte de un funcionario municipal. Además, en 2017 su esposo fue asesinado a tiros, hecho que la obligó a residir fuera de Veracruz por varios años.
El caso de Roxana Guzmán vuelve a colocar a Veracruz en el centro de la preocupación nacional por la seguridad de periodistas y comunicadores, especialmente en un estado marcado históricamente por agresiones, amenazas y ataques contra la prensa. Mientras la incertidumbre crece entre sus familiares y colegas, la falta de resultados concretos por parte de las autoridades alimenta las críticas sobre la capacidad institucional para proteger a quienes ejercen el periodismo y garantizar justicia en casos de desaparición.
