Durante la conferencia matutina del martes 16 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado a México pruebas suficientes para sostener la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que, a consecuencia, la solicitud puede ser rechazada. 

De acuerdo con la mandataria, la solicitud de los estadounidenses corresponde únicamente a una petición de detención urgente con fines de extradición y no a un proceso formal, plenamente judicializado. Por ello, explicó que hasta el momento no, existe un plazo definido para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregue la evidencia necesaria para sustentar el caso.

“No hay plazo, no hay plazo. Habría plazos si fuera un juicio formal de extradición.” Declaró la presidenta. 

Sheinbaum agregó que las autoridades estadounidenses aún tienen la posibilidad de iniciar un procedimiento formal de extradición, lo que obligaría a presentar pruebas contundentes ante las instancias judiciales mexicanas para justificar la detención y eventual entrega del gobernador.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que el gobierno de México le haya otorgado protección especial a Rubén Rocha Moya, y señaló que los escoltas que lo resguardan son elementos de la policía de Sinaloa y fuerzas federales.

Rubén Rocha Moya forma parte de una lista de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, señalados por tener vínculos con el narcotráfico, específicamente con la facción de “los chapitos” del cartel de Sinaloa. El gobernador, especialmente, está señalado por usar su cargo público para brindar protección política al grupo criminal, además de facilitar la importación de drogas como el fentanilo, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. 

Hasta ahora, el gobierno mexicano sostiene que cualquier acción legal deberá estar respaldada por pruebas suficientes y seguir los mecanismos establecidos en los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países. Mientras Estados Unidos insiste en sus señalamientos y México exige evidencia para proceder, el caso de Rocha Moya se ha convertido en una nueva prueba para la relación bilateral en materia de seguridad, una agenda que continúa marcada por la desconfianza mutua y las presiones políticas.