La decisión del Gobierno de Veracruz de impulsar una reforma para regular plataformas como Uber, DiDi e InDrive coincide con uno de los procesos de reorganización del transporte público más amplios emprendidos en la entidad durante los últimos años. La gobernadora Rocío Nahle García anunció que enviará una iniciativa al Congreso local para incorporar estas aplicaciones al marco legal estatal, con el objetivo de establecer reglas claras para su operación y ofrecer mayor certeza tanto a usuarios como a conductores.

Más de 74 mil taxis entrarán al proceso de modernización

El anuncio ocurre mientras el Gobierno estatal desarrolla el Programa de Reordenamiento y Modernización del Transporte Público. De acuerdo con la presentación oficial del proyecto, la primera etapa contempla la regularización de 14 mil 709 unidades de transporte de pasajeros, carga y servicio rural mixto entre junio y diciembre de este año. Posteriormente, en 2027, iniciará la segunda fase, que incorporará más de 74 mil unidades de taxi, convirtiéndose en el componente de mayor alcance del programa. Las autoridades sostienen que el objetivo es actualizar el padrón de concesiones, fortalecer la seguridad, modernizar las unidades y brindar mayor certeza jurídica a los concesionarios.

La eventual entrada regulada de Uber, DiDi e InDrive se daría precisamente sobre ese mercado. En lugar de operar al margen de la legislación estatal, las plataformas tendrían que sujetarse a un marco regulatorio que establezca obligaciones para las empresas, los conductores y los vehículos. La gobernadora Rocío Nahle adelantó que las aplicaciones deberán registrarse ante las autoridades, cumplir con las contribuciones correspondientes y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios, aunque el contenido definitivo dependerá de la iniciativa que analice el Congreso.

Competencia para el sector y nuevas opciones para los usuarios

La propuesta ha generado reacciones entre organizaciones de taxistas, que consideran necesario que las plataformas compitan bajo las mismas condiciones fiscales, administrativas y de seguridad que el transporte concesionado. En municipios como Córdoba, representantes del gremio advirtieron que la regulación podría afectar sus ingresos si no existe un «piso parejo». Por su parte, legisladores y autoridades estatales sostienen que la reforma busca ordenar un servicio que ya existe en distintas ciudades del estado y garantizar condiciones equitativas para todos los prestadores.

Si la iniciativa es aprobada, Veracruz se sumará a las entidades que ya cuentan con un marco legal para regular las plataformas de transporte por aplicación. Además de ampliar las opciones de movilidad para la población, la reforma podría transformar la competencia dentro de un sector que actualmente atraviesa un proceso de modernización y actualización de concesiones sin precedentes en la entidad. El alcance definitivo de esos cambios dependerá de la redacción final de la ley y de las reglas que emita posteriormente el Gobierno estatal para su implementación.