La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que retrasará el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso hasta el 31 de agosto con el fin de aplicar un examen de control presencial que permitirá validar los resultados del proceso de admisión a licenciatura 2026. La evaluación será presentada por más de 58 mil aspirantes que obtuvieron un lugar en la convocatoria y por quienes alcanzaron un puntaje igual o superior al mínimo de ingreso registrado entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad, como parte de las medidas adoptadas tras las irregularidades detectadas en el examen aplicado en línea.

La Universidad informó que el examen se aplicará de manera presencial y estará enfocado en corroborar que los aspirantes cuentan con los conocimientos que acreditaron en la evaluación en línea. Cada sustentante recibirá una cita con fecha, horario y sede específicos, y la prueba servirá como un mecanismo extraordinario para dar certeza al proceso de ingreso. Paralelamente, el Consejo Universitario aprobó la creación de una comisión especial que revisará las decisiones adoptadas durante el concurso de selección, así como la participación de la empresa Territorium, responsable de la plataforma tecnológica utilizada en el examen original.

La decisión también tendrá un impacto económico para la institución. De acuerdo con una estimación publicada por SinEmbargo, la aplicación del examen presencial podría representar un costo de hasta 45 millones de pesos, considerando la habilitación de sedes, impresión de materiales, contratación de personal, vigilancia, logística y operación del proceso. Además del gasto extraordinario, la reprogramación obligó a modificar el calendario académico para los estudiantes de nuevo ingreso, quienes comenzarán actividades tres semanas después de la fecha originalmente prevista.

Mientras tanto, algunos aspirantes que ya habían sido admitidos comenzaron a promover juicios de amparo para evitar la aplicación del examen de control, al considerar que la UNAM modificó las condiciones de la convocatoria una vez publicados los resultados. En paralelo, académicos consultados por distintos medios han expresado posturas encontradas: algunos respaldan la medida como un mecanismo para recuperar la confianza en el proceso de admisión, mientras que otros consideran que los estudiantes pueden recurrir a la vía jurídica para impugnar la decisión de la Universidad.