Una radiografía legislativa de las preocupaciones urbanas, sociales y ambientales
Durante las primeras semanas de 2025, el Congreso de la Ciudad de México se convirtió en un espacio de intensa actividad legislativa. Diputadas y diputados de prácticamente todas las fuerzas políticas presentaron una serie de proposiciones con punto de acuerdo, muchas de ellas bajo la figura de urgente y obvia resolución, con el objetivo de atender problemáticas inmediatas que afectan la vida cotidiana de millones de personas en la capital.
Salud pública, movilidad, medio ambiente, bienestar animal, seguridad, derechos humanos, vivienda, educación y participación ciudadana fueron algunos de los ejes que atravesaron estas propuestas. Sin embargo, a pesar de la diversidad de temas y de la urgencia expresada en tribuna, ninguna de estas proposiciones cuenta todavía con una fecha de dictaminación cerrada en el sistema público del Congreso, lo que abre la puerta a preguntas legítimas sobre los tiempos legislativos y el impacto real de estos ejercicios parlamentarios.
¿Qué es una proposición y cómo se diferencia de una iniciativa?
En el lenguaje legislativo, una proposición con punto de acuerdo no crea ni modifica leyes. Su función principal es exhortar, solicitar información, pedir acciones concretas o pronunciamientos a autoridades locales, federales o a organismos autónomos. A diferencia de una iniciativa, que busca reformar el marco jurídico y debe atravesar un proceso largo de análisis, dictaminación, discusión y votación para convertirse en ley, las proposiciones tienen un carácter político y administrativo.
Cuando una proposición se presenta como “urgente y obvia resolución”, el Reglamento del Congreso permite que sea discutida y votada directamente en el pleno, sin pasar por comisiones. En la práctica, muchas de estas se votan el mismo día de su presentación. No obstante, el sistema legislativo mantiene su estatus como “No dictaminada” hasta que se completa el proceso administrativo de notificación o cumplimiento por parte de la autoridad exhortada.
El proceso legislativo y los tiempos reales
En condiciones ordinarias, una proposición turnada a comisión puede tardar semanas o incluso meses en ser analizada. Las comisiones deben solicitar información, convocar reuniones y construir consensos políticos antes de emitir un dictamen. En el caso de las urgentes, aunque la votación sea inmediata, el cierre administrativo puede prolongarse. Este desfase entre la acción política visible y el registro formal explica por qué, pese a haber sido votadas, muchas siguen apareciendo como “No dictaminadas” en el sistema del Congreso de la CDMX.
Enero: salud, movilidad y medio ambiente en el centro del debate
El 8 y 15 de enero marcaron el arranque de una agenda intensa. Desde el PAN, Claudia Montes de Oca del Olmopresentó un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al Hospital General Regional No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” a informar sobre un posible brote bacteriano, apelando a la Ley General de Salud y al Reglamento del IMSS.
Ese mismo día, Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) abordó el problema del bloqueo de banquetas por scooters y motocicletas eléctricas, mientras que Pablo Trejo Pérez (PRD) impulsó una campaña de reforestación en Iztacalco.
En materia ambiental, Luis Alberto Chávez García (MORENA) propuso proteger especies endémicas en Tlalpan y Manuel Talayero Pariente (PVEM) solicitó fortalecer la difusión del C5 del Agua y la Línea H2O*426 ante escenarios de crisis hídrica.
El mismo 8 de enero se presentaron exhortos al INVI para reparar viviendas dañadas en Coyoacán, propuestas para ampliar horarios en centros de salud durante el invierno y campañas para difundir beneficios fiscales como predial, agua y tenencia. Estas últimas, promovidas por Iliana Ivon Sánchez Chávez (PVEM), buscaban incentivar el pago temprano y fortalecer la recaudación. También se planteó el reconocimiento simbólico de “2025, Año de la Mujer Indígena”, iniciativa de carácter político-cultural que tradicionalmente se somete a votación del pleno.
Febrero: seguridad, medio ambiente y servicios urbanos bajo presión
Febrero concentró el mayor volumen de proposiciones del periodo. El 11 de febrero se discutieron exhortos sobre seguridad ciudadana, como operativos contra el robo de autopartes, acciones para frenar la tala ilegal en el Ajusco y campañas de concientización sobre el cuidado del agua en temporada de estiaje. La agenda incluyó además salud pública y atención social, con brigadas preventivas en mercados, acciones de salud mental para jóvenes, personas adultas mayores y población LGBTIQ+, visibilización de enfermedades raras y protección a consumidores.
El 13 de febrero, el enfoque se desplazó a educación, ciencia y gobernanza local, con propuestas para impulsar la participación de mujeres y niñas en STEM, implementar programas de ajedrez en educación básica y garantizar paridad de género en los concejos de alcaldías. Hacia el 25 y 27 de febrero, las proposiciones abordaron movilidad, medio ambiente y servicios públicos, incluyendo regulación del transporte concesionado, verificación de la prohibición de plásticos de un solo uso, modernización del Tren Ligero, seguridad en carnavales, combate a la falsificación de billetes, supervisión de centros de adicciones, trato digno en hospitales, rescate del Puente El Vergel y operativos en paraderos.
Marzo: derechos, seguridad, género y control institucional
Marzo se consolidó como uno de los meses más activos, con énfasis en derechos humanos, seguridad pública, perspectiva de género y rendición de cuentas. El 6 de marzo se solicitó información sobre el presupuesto ejercido en bacheo en la alcaldía Cuauhtémoc, subrayando la exigencia de transparencia en infraestructura urbana.
El 11 de marzo, en el contexto posterior al 8M, se discutieron exhortos para reforzar zonas libres de acoso en el transporte público mediante la campaña #TodosRespetamos y la instalación de senderos seguros en Iztapalapa. Ese mismo día se abordaron temas como corrupción policial, regulación sanitaria de productos cárnicos, promoción de artesanías elaboradas por personas privadas de la libertad, atención a mujeres migrantes víctimas de violencia, empleos verdes con prioridad para mujeres, educación STEM para niñas y solicitudes de información sobre el uso de gas durante la marcha del 8 de marzo.
El 13 de marzo, la agenda incluyó informes sobre radares y fotocívicas, vehículos abandonados en ministerios públicos, protección a periodistas, seguimiento a la crisis del agua contaminada de 2024, atención a la diabetes, campañas de esterilización animal, combate a la explotación infantil, apertura de un Centro de Justicia para las Mujeres al poniente de la ciudad y estudios sobre violencia de género en universidades.
El 20 de marzo se amplió la agenda hacia vivienda, salud, trabajo, migración, cultura y seguridad digital, con exhortos para combatir el despojo de inmuebles, reforzar la seguridad rumbo al Mundial 2026, proteger derechos de personas migrantes, fortalecer campañas de salud como VPH y donación de órganos, garantizar abasto de medicamentos, dignificar al personal de limpieza, regular centros de rehabilitación y avanzar en la restauración del patrimonio histórico, como la parroquia de Santa María Tepepan.
Finales de marzo: agenda social y territorial ampliada
Entre el 25 y 27 de marzo se concentraron exhortos en materia de igualdad, salud, bienestar animal, movilidad, medio ambiente y seguridad. Se solicitó información sobre paridad de género en mandos de alcaldías, censos de mexicanos en el exterior, asentamientos irregulares en zonas de riesgo y fortalecimiento de acciones contra la trata de personas. También se abordaron jornadas de vacunación contra el VPH, atención médica para personas trans, refugios temporales para animales, accesibilidad en espacios públicos, prevención de fraudes inmobiliarios y seguridad en zonas con población migrante.
El 27 de marzo se sumaron exhortos sobre permisos temporales de movilidad para mujeres gestantes, capacitación empresarial para mujeres campesinas, prevención de VIH, mantenimiento de Ecobici, campañas permanentes de esterilización animal, atención a observaciones del Cablebús Línea 5 y acciones de salud mental, prevención de delitos sexuales en escuelas y protección a periodistas tras el Festival Ceremonia.
Abril: servicios públicos, seguridad digital y gobernanza urbana
Abril inició con una agenda enfocada en servicios urbanos y control institucional. El 1 de abril se discutieron exhortos para investigar obras irregulares en inmuebles catalogados, implementar módulos itinerantes de la Tarjeta Incluyente, transparentar la construcción de la Utopía Parque Japón, retirar tanques de gas en mal estado, liberar calles ocupadas por vehículos asegurados, garantizar intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, apoyar a mujeres cuidadoras y asegurar condiciones seguras tras la reapertura de la Línea 1 del Metro.
El 3 de abril se abordaron temas de seguridad, cultura y consumo, como citas electrónicas para vacunación, distribución de la pulsera Centinela contra bebidas adulteradas, preservación de tradiciones en Xochimilco, control del uso electoral de programas sociales, registro obligatorio de drones, seguimiento a la crisis hídrica de 2024 y operativos contra el robo de autopartes.
Entre el 8 y 10 de abril se alcanzó uno de los picos legislativos del periodo, con exhortos sobre clausura de establecimientos irregulares, mantenimiento de ciclovías, inclusión educativa para estudiantes con TDA/TDAH, seguridad vial, salud mental escolar, protección del arbolado urbano, regulación de centros de rehabilitación, bienestar animal, movilidad incluyente y transparencia en el presupuesto participativo.
Hacia el 22, 23 y 24 de abril la agenda se centró en medio ambiente, niñez y participación ciudadana, con acciones contra el maltrato animal, eliminación de juguetes bélicos, fortalecimiento de psicología educativa, vacunación contra VPH, inclusión de personas no binarias y creación de Grupos de Búsqueda en las 16 alcaldías. El cierre del mes incluyó jornadas extensas sobre saneamiento de ríos, regulación de mototaxis, seguridad vial, reinserción social, concejos infantiles, protocolos de sismo e inclusión administrativa del género no binario.
Mayo: seguridad, trabajo y cohesión social
Durante mayo se consolidó una agenda transversal de seguridad pública, derechos laborales, diversidad y movilidad. El 6 de mayo se presentaron exhortos para reforzar senderos seguros, homologar salarios penitenciarios, inspeccionar escuelas privadas, impulsar la jornada laboral de 40 horas, mejorar infraestructura ciclista y combatir medicamentos falsificados.
El 8 de mayo el enfoque giró hacia seguridad vial, bienestar animal y protección al consumidor, con acciones sobre radares de velocidad, capacitación en protección civil, atención a niñez en situación de calle y vigilancia de precios. Entre el 13 y 15 de mayo se abordaron inclusión, cultura y espacio público, con regulación del Centro de Transferencia Canina del Metro, promoción del turismo LGBTQ+, bienestar animal en la formación policial y acceso libre a espacios deportivos.
Hacia el 27 y 29 de mayo, la agenda se intensificó con exhortos sobre agua contaminada, rescate de ríos y barrancas, sectorización de la red hídrica, riesgos estructurales, regulación del comercio informal, comedores comunitarios, protección a pequeños negocios, lactarios en edificios públicos y actualización de apoyos para pasantes de medicina y personal de salud.
Junio y julio: continuidad ambiental y derechos humanos
Durante estos meses se dio seguimiento a los ejes del primer semestre, con énfasis en protección civil, medio ambiente y movilidad. Se discutieron acciones para seguridad ante lluvias, mantenimiento de drenajes, cultura afrodescendiente, movilidad ciclista, créditos de vivienda para policías, saneamiento de ríos, auditoría de mercados públicos y supervisión del sistema de alerta sísmica, reforzando la narrativa de una ciudad vulnerable al cambio climático.
Agosto: violencia familiar, infraestructura y prevención social
Hacia finales de agosto, el Congreso incorporó exhortos enfocados en la atención directa de problemáticas sociales persistentes. El 27 de agosto se exhortó a las 16 alcaldías a fortalecer el acompañamiento comunitario y la canalización oportuna de casos de violencia familiar, anticipando una agenda que en los meses siguientes profundizaría en prevención, salud mental y cohesión social. Estos llamados se enlazaron con preocupaciones sobre infraestructura urbana y drenaje, particularmente en zonas afectadas por lluvias intensas.
Septiembre: riesgos urbanos, planeación, derechos y rendición de cuentas
El mes de septiembre se consolidó como uno de los periodos de mayor dinamismo en la agenda pública, destacando por un enfoque incisivo en la gestión de riesgos, la transparencia institucional y la protección de los derechos colectivos.
La actividad legislativa arrancó el 3 de septiembre con un fuerte énfasis en la planeación democrática, exigiendo transparencia en el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial, además de priorizar el mantenimiento de vialidades secundarias, la protección de mercados públicos y la visibilización de los derechos de las mujeres indígenas.
Para el 9 de septiembre, la agenda se volcó hacia la resiliencia urbana con propuestas para la detección de socavones, mantenimiento del Gran Canal Madero y el diseño de infraestructura capaz de resistir sismos, inundaciones y olas de calor; este mismo día se impulsaron acciones ambientales como el Reto Verde, la protección de abejas y la verificación inmobiliaria en Azcapotzalco.
Entre el 11 y el 18 de septiembre, el foco se desplazó hacia la fiscalización y la política social, solicitando auditorías a finanzas partidistas e informes de eventos masivos, mientras se atendían temas de seguridad en espacios deportivos, campañas contra la discriminación laboral y la violencia familiar, investigación de redes de trata, regulación de trajineras en Xochimilco y el apoyo a capitalinos retornados y atletas paralímpicos. En el ámbito global, el Congreso no fue ajeno a la coyuntura internacional, emitiendo un pronunciamiento por la paz en el conflicto Israel-Palestina.
La actividad se intensificó los días 19 y 23 de septiembre con una agenda técnica y de igualdad que incluyó la propuesta de un Atlas de Riesgo LGBTQ+, la implementación de semáforos pluviales, pavimentos permeables e infraestructura verde, junto con la obligatoriedad del RUAC, seguridad en cruces ferroviarios y medidas contra la sumisión química.
Finalmente, el 25 de septiembre cerró con una robusta agenda de bienestar y modernización administrativa, donde destacaron la implementación de la CURP biométrica, el acceso a vivienda para la población de la diversidad sexual, programas de prevención del suicidio y embarazo adolescente, captación de energía solar y la creación de lectódromos en espacios públicos.
Octubre: seguridad, trabajo, educación y espacio público
Durante octubre, la agenda legislativa se concentró en la seguridad escolar, la salud pública y la optimización del espacio urbano, manteniendo un pulso constante entre la atención de emergencias y la planeación a largo plazo. El 14 de octubre, el Congreso inició con un bloque de acciones enfocadas en el desarrollo local y la infraestructura, impulsando el ajedrez formativo y becas deportivas, mientras se exigían diagnósticos de drenaje en la zona oriente, seguridad en la colonia Providencia de Azcapotzalco e informes de bacheo en Cuauhtémoc; simultáneamente, se buscó la regeneración de la Alameda Tacubaya y el fortalecimiento del turismo mediante los comités de fomento en las alcaldías. En el ámbito social y educativo de esta primera quincena, se exhortó a impartir cursos de primeros auxilios en escuelas, garantizar condiciones dignas en panteones por Día de Muertos y habilitar espacios gratuitos para emprendedores durante El Buen Fin, sin descuidar la atención metropolitana a emergencias por lluvias y el control del consumo de alcohol en vía pública.
Para el 16 de octubre, la actividad se densificó con un enfoque en salud e inclusión, destacando el reconocimiento a la Escuela Nacional para Ciegos, campañas contra el cáncer de mama y la garantía de medicamentos oncológicos infantiles, junto con la promoción del bastón blanco como símbolo de cultura inclusiva. En materia de infraestructura y derechos humanos, este mismo día se propuso convertir pozos en desuso en pozos de absorción para el acuífero, rehabilitar espacios en Santa Úrsula Coapa y crear una ventanilla única para familiares de personas desaparecidas, además de fortalecer la vigilancia de precios y la seguridad en tanques de gas. Hacia el 21 de octubre, la agenda priorizó la movilidad y el ordenamiento territorial al discutir los daños por las obras del tren interurbano, el rescate de vasos reguladores en Iztapalapa y la urgencia de nombrar al titular de la Secretaría de Planeación; asimismo, se impulsó la visibilización de personas de talla baja y la lucha contra los trastornos alimentarios. Finalmente, el 23 de octubre, el mes cerró con propuestas de transparencia y participación ciudadana, destacando la solicitud para ampliar la consulta del Plan General de Desarrollo hasta 2026, la instalación de lactarios en el Congreso, la regulación de servicios turísticos en Xochimilco y el refuerzo de programas permanentes de salud mental juvenil.
Noviembre: seguridad, salud, prevención social y rendición de cuentas
Iniciando noviembre, la actividad legislativa alcanzó su punto máximo de complejidad al entrelazar la gestión de crisis inmediatas con la planeación del presupuesto para el año siguiente. El 4 de noviembre inició con un enfoque en la seguridad estructural y social, emitiendo exhortos para investigar afectaciones por obras en predios colindantes, reforzar la vigilancia en la Ciudad Judicial y atender la violencia intrafamiliar con perspectiva de género; paralelamente, se urgió a reorientar la salud oncológica para sectores sin seguridad social y a fortalecer la alfabetización digital. Para el 6 de noviembre, la agenda se expandió hacia la movilidad y la cohesión, proponiendo la depuración de servicios de escoltas privadas, la creación de un instituto para personas migrantes y la adquisición de equipo hidráulico especializado para la infraestructura vial.
La jornada del 13 de noviembre marcó un giro hacia la rendición de cuentas y los derechos sociales, exigiendo transparencia en casos de custodia policial y operativos contra la venta de celulares robados, además de solicitar transporte gratuito para docentes y mayores recursos para la reinserción social de personas liberadas y la comunidad LGBTQ+. El 19 de noviembre se registró la mayor densidad legislativa del mes, dominada por el debate presupuestal y la seguridad pública; se demandaron investigaciones sobre disturbios en manifestaciones, el fortalecimiento de la búsqueda de personas en el Ajusco y la presentación del Plan Maestro del Cablebús Línea 5, junto con la creación de un Centro de Justicia para Mujeres en Iztacalco y el financiamiento de apoyos técnicos para personas con discapacidad.
Finalmente, el 27 de noviembre, la discusión se centró casi exclusivamente en el Paquete Económico 2026, proyectando una ciudad más inclusiva y ambientalmente sostenible. Se solicitaron recursos masivos para el Sistema Integral de Cuidados, la creación de UTOPÍAS especializadas en neurodivergencias, la protección del suelo de conservación mediante el programa Altépetl y la modernización del Metro de cara al Mundial 2026. Este cierre de mes integró demandas críticas de infraestructura, como la renovación de la flota de basura y el desazolve en Tláhuac, con una visión de bienestar a largo plazo que incluyó vivienda social a través del INVI, fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y la expansión de sistemas de cosecha de lluvia.
Diciembre de 2025: cierre legislativo, seguridad, derechos y consolidación presupuestal
El 2 de diciembre, la agenda entrelazó la planificación presupuestal con el control institucional, impulsando la construcción de nueva infraestructura educativa en Iztapalapa, el aumento salarial para los cuerpos policiales y la protección de las pensiones para adultos mayores. En esta jornada también destacaron las alertas sobre riesgos digitales para menores, la propuesta para crear el Instituto de Lenguas de la Ciudad de México y la exigencia de auditorías más rigurosas al Metro, junto con la regulación de romerías navideñas y la difusión del operativo Aguinaldo Seguro.
Finalmente, la sesión del 4 de diciembre clausuró el periodo con una fuerte apuesta por la innovación y la inclusión social. Se propuso la implementación de tecnología LIDAR para el monitoreo de hundimientos y grietas, así como la difusión de una ciberguía para el uso seguro de internet. El cierre destacó por su enfoque humano al solicitar la ampliación de servicios para el autismo, el fortalecimiento de los comedores comunitarios y la capacitación en Lengua de Señas Mexicana, sin dejar de lado la gestión urbana mediante la rehabilitación del Parque Lineal Viaducto, la renovación de la flota de recolección de basura y la exigencia de máxima transparencia en la fiscalización preventiva y el gasto de las alcaldías.
¿Por qué tantas proposiciones en 2025?
El volumen y la diversidad de las proposiciones presentadas a lo largo de 2025 reflejan un contexto urbano complejo, marcado por tensiones ambientales, retos de movilidad, demandas de seguridad, desigualdad social y una ciudadanía cada vez más activa. Este dinamismo se vio reforzado por el inicio de un nuevo ciclo legislativo y político, que concentró agendas acumuladas y posicionamientos estratégicos mediante exhortos y puntos de acuerdo.
Aunque estas proposiciones no generan leyes de forma directa, cumplen una función sustantiva dentro del proceso legislativo: visibilizan problemáticas, presionan a las autoridades para responder y construyen narrativa pública. En ese sentido, operan como termómetros sociales y políticos, anticipando debates, prioridades y posibles reformas legales futuras.
¿Habrá resoluciones en 2026?
La pregunta queda abierta: dado que muchas proposiciones fueron votadas como urgentes y otras permanecen en comisión, 2026 podría marcar informes de cumplimiento, cierres administrativos o incluso la transformación de exhortos en iniciativas de ley. Este posible tránsito institucional dependerá de que las agendas no se diluyan en el proceso y mantengan prioridad en el seguimiento legislativo.
Más allá de su estatus formal, estas proposiciones dejaron constancia de las preocupaciones centrales de la Ciudad de México en 2025. El desafío será que no queden solo en el papel y que la urgencia política se traduzca en resultados concretos para la ciudadanía, mediante evaluación, rendición de cuentas y continuidad legislativa.
Y usted, como lector y ciudadano, ¿considera que en 2026 veremos resultados reales o que estas iniciativas quedarán nuevamente en pausa?
